Los Ciudadanos Toman la Iniciativa en el Debate Nacional de Energía de Chile

Los chilenos cansados ​​de soportar apagones, escasez estacional de energía y los altos precios de la electricidad, tienen muchas razones para pedir un cambio en el nuevo año. Una coalición de ciudadanos, académicos, expertos técnicos y miembros del Parlamento han emitido una propuesta con la esperanza de poner en marcha un diálogo nacional para establecer una política energética a largo plazo para Chile, que promueva tecnologías de energía limpia y sostenible. Si el gobierno de Piñera escucha o no, aún está por verse.

Después de cinco meses analizando al sector energético, los miembros de la Comisión Ciudadana, Técnica y Parlamentaria de Política Energética y Red Eléctrica (CCTP) acaban de presentar su informe y recomendaciones al Presidente Sebastián Piñera. La iniciativa de la CCTP demuestra la actitud de "no podemos darnos el lujo de esperar más", que muchas personas de todo el mundo llevaron y tomaron de la reciente conferencia de la ONU sobre el clima en Durban. Esto es precisamente el tipo de visión del futuro; una ​​iniciativa autopropulsada que necesita el mundo para el año que viene en la Cumbre de la Tierra Río +20.

La CCTP primero se reunió en mayo de 2011 para complementar los esfuerzos de la Comisión Asesora del Gobierno sobre el Desarrollo de Electricidad, compuesto en gran parte por los actores habituales del sector energético de Chile - muchas de las mismas personas que han ayudado a crear el mismo sistema que ahora está tan plagado de problemas. Los chilenos soportan apagones, escasez de energía de temporada y unos de los más altos precios de electricidad en la región, mientras que el mercado energético está monopolizado por unas pocas empresas grandes las cuales tienen ganancias lucrativas bajo el sistema actual. El ex ministro de Energía, Laurence Golborne, reconoció el problema fundamental subyacente (como lo hizo la Agencia Internacional de Energía en su Informe de 2009 sobre política energética): Chile no tiene una política energética a largo plazo.

Para ayudar a llenar este vacío político importante, la CCTP analizó la situación actual del sector energético, así como su potencial crecimiento en el futuro, y sugirió acciones legales específicas y reglamentarias. Al hacerlo, reconoció que Chile no puede seguir confiando en las mismas tecnologías convencionales, débiles estructuras institucionales y políticas que favorecen sólo a las grandes corporaciones. Si Chile va a satisfacer sus necesidades energéticas futuras y sus objetivos económicos sin sacrificar el medio ambiente o la salud pública, tendrá que cambiar de rumbo.

Sus conclusiones e ideas no son radicales. De hecho, varias de sus recomendaciones no son más para que el gobierno de seguimiento a las actuales propuestas legislativas, como la idea del Presidente Piñera en 2010 de aumentar la cartera de energías renovables del país al 20 por ciento en 2020, y para pasar la ley pendiente de Medición Neta o Net Metering. La CCTP propone que el gobierno debe:

  • reformar la Ley General de Servicios de Electricidad para eliminar las distorsiones del mercado y los procedimientos de desequilibrio en precios.
    cerrar o modernizar centrales de carbón e hidroeléctricas viejas e ineficientes que son dañinas al medio ambiente y que elevan el precio de mercado, ya que se mantienen como "apoyo" eléctrico a pesar de ser obsoletas.
    clasificar la leña como combustible, lo que permitiría una regulación adecuada de esta importante fuente de contaminación perjudicial - especialmente para la mitad sur del país
    hacer que las plantas termoeléctricas internalicen sus costos ambientales a través de un nuevo límite de emisiones de metales pesados ​​de estas plantas; reglamentaciones para determinar los procesos adecuados de refrigeración para minimizar los impactos negativos sobre la vida marina; y un nuevo "impuesto ecológico", basado en los impactos de la planta en la salud humana y el medio ambiente.

Los expertos, políticos y académicos en la CCTP también ven claramente que, con políticas adecuadas, las energías renovables y eficientes pueden contribuir con una cantidad significativa a la red eléctrica futura de Chile. Además de instar a la ley de "20 por ciento en 2020", ellos recomiendan modificaciones legislativas para reducir la concentración del mercado y eliminar las barreras para nuevos operadores, tales como plantas de energía renovable. Proponen también reforzar la Agencia Chilena de Eficiencia Energética para que sea más eficaz, introduciendo estándares mínimos de eficiencia energética (o MEPS) para las bombillas, aparatos de calefacción y refrigeradores, y aprobar una ley de desvinculación que separe las ganancias de las distribuidoras de la cantidad de la energía que venden.

Mi colega Doug Sims explora más a fondo al informe de la comisión de gobierno en breve. Por el momento, sin embargo, está claro que su propuesta de ley de energía para el futuro de Chile -a pesar de que contiene algunos análisis sólidos-puede resumirse como modelo "de negocio" que contiene muy pocas nuevas ideas. Sus recomendaciones se centran en el desarrollo de mas hidroeléctrica, sobre todo en el norte de la Patagonia (como los muy controvertidos proyectos de HidroAysén y Río Cuervo) y manteniendo la opción de energía nuclear sobre la mesa. En contraste con las ideas de la CCTP, la comisión gubernamental no prevé la contribución de las energías renovables para el futuro energético de Chile, haciendo caso omiso de la eficiencia que ha sido de gran éxito en otros lugares en la conducción del consumo de energía y la creación de puestos de trabajo.

Es precisamente este enfoque en las energías renovables y eficiencia, así como otros componentes críticos del problemático sistema de Chile que demuestra la previsión de la CCTP y la visión para el futuro de su país.

Y, es precisamente este tipo de previsión y visión que los países de todo el mundo necesitan desarrollar en la actualidad y traer con sigo a la Cumbre de la Tierra en Río el próximo verano. Personas en todo el mundo que se ven afectadas con escasez de energía, problemas de salud pública y desastres ambientales merecen que sus problemas sean resueltos, y no tener que esperar más soluciones claras y concretas de sus gobiernos.