Contribución invitada por las coautoras Meredith Brown y Carley Reynolds, aprendices en prácticas del Proyecto América Latina de NRDC
Los pueblos indígenas en América Latina han demostrado a través de los siglos su tenacidad cuando se trata de proteger a sus comunidades y territorios y, asimismo, se han establecido como firmes defensores del medio ambiente. Las empresas tanto nacionales como internacionales tienen un largo historial de usurpación de tierras ancestrales, contaminación de recursos de agua, separación de comunidades a raíz del desarrollo de megaproyectos y abusos contra el medio ambiente y las comunidades indígenas. No obstante, las comunidades no se han quedado de brazos cruzados, sino que han formado grupos a través de América Latina y el Caribe para proteger a su gente y a sus tierras.
Hoy, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebramos la defensa ambiental de las comunidades indígenas de América Latina. En la primera parte de este blog, recalcamos el liderazgo de las mujeres indígenas. Esta segunda parte hace homenaje a las comunidades que han logrado prevalecer actuando en contra de intereses corporativos sumamente poderosos. Con el pasar de los años, las muchas victorias obtenidas por pueblos indígenas han salvaguardado los bosques contra la amenaza de deforestación, los ríos contra la construcción de represas y las tierras fértiles contra la industria minera. Las victorias legales por parte o a nombre de las comunidades indígenas se deben con frecuencia a compañías o gobiernos que actúan en incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo—el derecho a consulta abierta y formal antes de llevar a cabo proyecto alguno en tierras indígenas. He aquí algunas de las victorias ambientales más recientemente obtenidas por naciones indígenas en contra de los intereses económicos de la industria.
Los pueblos indígenas se oponen a proyectos mineros de gran escala que ponen en riesgo sus territorios y formas de vida.
En el 2014 la salud y el sustento del pueblo xinca guatemalteco se vieron amenazados por una de las minas de plata más grandes del mundo. De haber seguido en funcionamiento, la mina Escobal de la compañía Tahoe Resources hubiese contaminado los recursos de agua locales de esta comunidad. Una demanda radicada en nombre de los xinca acabó en la suspensión de la licencia para minar, luego de que los hallazgos demostraran que el Ministerio de Energía y Minas no había respetado el derecho a consulta del pueblo xinca. A consecuencia de la demanda, Tahoe Resources perdió más del 40% de su valor en la bolsa.
De igual manera, la comunidad indígena Kayapó de Brasil ayudó a frenar la construcción de la mina de oro Esperanza IV en el municipio de Altamira. El proyecto fue detenido por inspectores federales en el 2016, a apenas un año de haber recibido su autorización. Además de poner fin al proyecto, el gobierno multó a los directores con una suma de 50 mil millones de reais ($16 mil millones USD), por violaciones a las restricciones en torno a la deforestación. El mercurio y otros contaminantes de la mina estaban poniendo en riesgo el Río Curuá, la principal fuente de sustento y alimento de los Kayapó. La comunidad denunció el proyecto desde un principio y celebró la decisión del gobierno brasileño de ponerle fin al mismo este año pasado. Además, se comprometió a continuar la lucha en contra de proyectos futuros que amenacen sus territorios y comunidades.
Proyectos nacionales e internacionales para represar ríos a través de América Latina implusan movimientos indígenas.
Tras el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres y dos de sus colegas activistas debido a su protesta en contra de una represa en Honduras, el proyecto para la Represa Agua Zarca perdió su financiamiento el mes pasado y la construcción se paró en seco. El conflicto interno y la violencia vinculada con el proyecto provocó que dos bancos de desarrollo europeos que inicialmente habían financiado la polémica represa se desasociaran totalmente de la iniciativa. En la primera parte de esta serie se discutió como otras mujeres, al igual que Berta, han alzado sus voces en defensa del medio ambiente y sus comunidades.
En el 2014, un estudio del impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico masivo en la Patagonia chilena halló que el mismo carecía de un plan adecuado para el traslado y reasentamiento de los pueblos indígenas y demás vecinos locales, lo cual resultó en la revocación de permisos por parte del gobierno chileno. El proyecto hidroeléctrico HydroAysén contaba con planes para construir cinco represas a lo largo de dos de los ríos más inmaculados y remotos de Patagonia, el Baker y el Pascua, lo cual hubiese inundado 5,900 hectáreas de terreno. El Comité de Ministerios de Chile tomó la decisión luego de ocho años de lucha entre las comunidades indígenas y locales, organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, y los constructores del proyecto.
El año pasado, los permisos para la construcción de una represa rechazada por la comunidad indígena Mundurukú fueron revocados por la agencia de protección ambiental de Brasil. La represa São Luiz do Tapajós hubiese inundado 145 millas cuadradas de bosque pluvial que no solo es tierra ancestral para la comunidad Mundurukú, sino que es el hogar actual de 12,000 de sus habitantes. El proyecto fue rechazado por la comunidad indígena debido al impacto ecológico negativo que hubiese tenido en el Río Tapajós y el costo social que hubiesen sufrido las comunidades limítrofes al tener que trasladarse forzosamente tras la construcción de la represa.
La lucha de las comunidades indígenas en contra de intereses corporativos presenta un cambio real.
Las potenciales ventajas económicas de los proyectos a gran escala en América Latina pueden redundar en gobiernos haciéndose de la vista larga con respecto a ciertas normas, a fin de facilitar los permisos para la construcción de algún proyecto. Ni las autoridades gubernamentales ni los ejecutivos de las corporaciones tendrán que vivir los efectos potencialmente devastadores de dichos proyectos en el medio ambiente local. Las comunidades indígenas que habitan las áreas en cuestión sí tienen que enfrentarse a las consecuencias día a día.
Si bien las comunidades indígenas suelen ser pequeñas y carecer de poder político, también es cierto que su tenacidad y afán por proteger tanto a sus pueblos como a sus territorios es firme—y han marcado una diferencia. El día de hoy reconocemos la adversidad que enfrentan muchas comunidades indígenas ante el poder corporativo. El día de hoy celebramos la fortaleza y perseverancia de hombres, mujeres y niños que han arriesgado y hasta perdido sus vidas en la lucha por la justicia. El día de hoy agradecemos a estas comunidades indígenas por su labor como defensores del medio ambiente y nos dejamos guiar por su ejemplo y valentía.
Meredith Brown es estudiante de maestría en la Universidad de Yale donde cursa gestión ambiental en Escuela de Estudios Forestales y Ambientales. Tiene una Licenciatura doble en ciencia política y estudios ambientales de la Universidad de Santa Clara en California. Después de graduarse, Meredith vivió en Santiago, Chile por cinco años trabajando en las oficinas de Oceana y The Nature Conservancy, donde se dedicó a una amplia gama de proyectos de filantropía y conservación en toda América del Sur. Sus estudios actuales utilizan el lente de justicia ambiental para enfocarse tanto en los recursos hídricos como en la conservación marina.
Carley Reynolds cursa estudios de maestría en la Escuela Nicholas para Estudios Ambientales de la Universidad de Duke, aspirando a una Maestría en Manejo Ambiental con concentración en Finanzas y Políticas Ambientales. Actualmente trabaja como asistente de investigación enfocándose en la destrucción ambiental de infraestructura en el Medio Oriente. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de Florida, con una subconcentración en Desarrollo Internacional y Ayuda Humanitaria. Su trabajo acerca del secuestro de carbono por bosques urbanos fue publicado en la revista Sustainability.