Los cuidadores y los socorristas están en primera línea de la crisis climática

Este blog ha sido escrito en colaboración con Mary Kay Henry, presidenta internacional del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU por sus siglas en inglés).

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU deja claro que no tenemos tiempo que perder, especialmente cuando las soluciones climáticas están al alcance de la mano.

 Como dijo recientemente el secretario general António Guterres sobre un informe anterior de las Naciones Unidas sobre el cambio climático: “La gente y el planeta son golpeados por el cambio climático”. Las conclusiones calificaban el aumento de los riesgos climáticos de “inevitable” y “potencialmente irreversible”, sobre todo si no se toman medidas rápidas. Uno pensaría que sería imposible que una conclusión tan drástica pasara desapercibida, pero así ha sido, en medio de múltiples crisis mundiales superpuestas. 

No hay ambigüedad en los informes de la ONU: debemos actuar ahora. Por eso necesitamos que el Congreso apruebe urgentemente las inversiones propuestas por el presidente Joe Biden en soluciones que harán que nuestra nación sea más segura, más limpia, más sana, más equitativa y más próspera.

Esto es especialmente cierto para los más vulnerables de la nación. Los trabajadores de primera línea son esenciales para el funcionamiento continuo de nuestra sociedad, y necesitan atención domiciliaria, cuidado de niños y permisos retribuidos para cuidar de todos nosotros. Los cuidadores y las personas que dependen de sus servicios–niños pequeños, ancianos, personas con discapacidad y otros–también corren más riesgos en caso de huracanes, tornados, inundaciones e incendios forestales, que devastan comunidades con una regularidad alarmante debido al cambio climático. Como nos ha demostrado la pandemia, cuando los trabajadores de primera línea no están seguros, protegidos o apoyados por sus empleadores para cuidar de sí mismos y de sus propias familias, todos pagamos el precio.

Los miembros del Congreso no tienen más que escuchar a sus electores para comprender cómo la crisis climática amenaza sus vidas, mientras que los cuidadores dan un paso al frente para enfrentar a esa amenaza todos los días. María Álvarez, una cuidadora a domicilio de Santa Paula, California, estaba cuidando a su cliente, Alex, en 2018 cuando estalló un incendio forestal en su zona. No pudieron evacuar porque Alex estaba confinado en su cama y María no podía cargarlo, y el aire era tan denso por el humo que no podían ver una salida de todos modos.

Cuando se fue la luz, María sustituyó a la máquina que mantiene la respiración regular de Alex. Ella mantuvo manualmente sus vías respiratorias abiertas por lo que sus pulmones continuaron recibiendo oxígeno, además de levantarle su cabeza y moverla hacia adelante y hacia atrás. Estuvo sentada junto a su cama durante dos días y dos noches completas, mientras el fuego hacía estragos. Le aterrorizaba lo que pudiera pasar si se quedaba dormida. 

Millones de personas como María y Alex no pueden permitirse el lujo de elegir entre la acción por el clima o un sistema sanitario más sólido, y el Congreso tampoco.

El presidente Biden se ha comprometido a reducir los gases de efecto invernadero entre un 50 y un 52 por ciento para 2030. Mientras tanto, la Casa Blanca prometió impulsar inversiones que “aumentarán las oportunidades económicas, promoverán la justicia ambiental y mejorarán la salud y la seguridad de las comunidades de todo los Estados Unidos”.

Sabemos que para alcanzar estos objetivos críticos, el Congreso debe aprobar sin demora importantes inversiones en acción climática. También sabemos que los efectos del cambio climático se dejan sentir de forma desigual en todos los estratos socioeconómicos y que, como mano de obra compuesta principalmente por mujeres con rentas bajas, mujeres de color e inmigrantes, los trabajadores del sector de los cuidados corren un riesgo desproporcionado. Invertir en los cuidados es promover la justicia ambiental, así como la justicia racial, económica y de los inmigrantes.

Pero incluso como cuestión puramente práctica, la movilidad física y económica para huir del peligro no puede darse por sentada. Se calcula que el número de personas mayores y discapacitadas que se verán afectadas por los desastres climáticos y la injusticia ambiental se duplicará de aquí a 2050. Ya podemos notar esas pérdidas. El junio pasado, 96 personas murieron en el noroeste del Pacífico por hipertermia durante una ola de calor sin precedentes. Según un análisis local del condado de Multnomah (Oregón), “la mayoría de los que murieron eran personas mayores, vivían solos y no tenían aire acondicionado”. Por eso debemos invertir no sólo en reducir la contaminación climática, sino en hacer que nuestras comunidades sean más resistentes a los impactos que ya no podemos evitar. 

También tenemos que invertir en los cuidadores de nuestro país, como María, al crear aún más puestos de cuidadores y garantizar que sean empleos sindicados y bien remunerados. Los empleos sindicados en el sector de los cuidados dan voz a los trabajadores para exigir lo que necesitan: salarios dignos, que refuercen a las familias y a comunidades enteras, así como formación y protección adecuadas para desempeñar sus funciones, incluso en las circunstancias más impredecibles. 

Aunque estas cuestiones son complejas, nuestro mensaje a los legisladores es sencillo: el Congreso tiene ahora mismo la oportunidad de realizar inversiones históricas que cambien las reglas del juego para hacer frente al cambio climático y reforzar nuestro sistema de asistencia. Es hora de aprobarlas sin demora.