No a los cortes de servicios públicos (luz, agua, etc.) durante la crisis

Mientras crece el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19), apoyamos el llamado a suspender los cortes de servicios públicos para proteger a nuestras comunidades más vulnerables.

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Con el aumento de casos confirmados, el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) tendrá un impacto en casi todos los aspectos de nuestras vidas. En cuestión de semanas, se ha convertido en una amenaza mundial, alterando nuestras vidas y el sustento de millones.

En estos momentos que debemos quedarnos en casa, como demanda esta crisis de salud pública, la protección más importante que nos libra contra la infección incluye tener energía para regular la temperatura del hogar, cocinar y mantener los alimentos y los medicamentos a temperaturas adecuadas, al igual que para tener agua potable para lavarnos las manos, limpiar la casa y mantener la higiene.

Como en cualquier desastre o emergencia grave, el coronavirus expone las fisuras e injusticias que hunden a los individuos y hogares vulnerables en la crisis. Al evaluar la influencia y el impacto del coronavirus, se nota de inmediato que no es solo un problema de salud pública, también es un problema de trabajo, energía, agua, salud, y equidad en la vivienda.

Mientras que el riesgo impuesto por el coronavirus aumenta, nuestras estrategias para mantenernos a salvo no deben comprometer la habilidad de las personas de tener acceso a los servicios principales como la energía, el agua y las telecomunicaciones. Sobre todo, no debemos exponer a la gente a evicciones durante una crisis económica y de salud.  

Las evicciones no son la única preocupación para muchos residentes durante este momento sin precedentes. Una preocupación grave para la economía de servicio reside en no saber cuándo podrán cubrir gastos y pagar cuentas debido a los toques de queda y mandatos de quedarse en casa. Estas decisiones de salud pública, mientras necesarias, ponen en peligro a muchos sectores de la fuerza laboral que no deberían de ser penalizados por condiciones que les impiden ganarse la vida.

Los servicios públicos son un componente clave que permite que las personas mantengan hogares sanos y seguros. Muchas compañías de servicios públicos han suspendido desconexiones, mientras otras no lo han hecho o no han aclarado su política al respecto. Debido a esto, los clientes y los que abogan por ellos han hecho un llamado a las compañías de servicio público alrededor de la nación para que cesen cualquier desconexión potencial durante la pandemia. NRDC apoya estos llamados por una moratoria en las desconexiones, particularmente en servicios de agua y luz. Además, apoyamos medidas para asegurar que las personas no sufran multas exorbitantes por atrasos cuando pase la crisis y regresemos a periodos de facturación normal.

Instamos al Congreso, las agencias regulatorias, y los gobernadores a que se involucren donde merite y tomen acción para asegurar que todo cliente y trabajador bajo su jurisdicción se proteja. A nivel de estado es importante destacar que los gobernadores tienen una autoridad más amplia que las comisiones de servicios públicos porque la mayoría de los servicios de suministro de agua no están bajo la jurisdicción de comisiones; los gobernadores deben utilizar esta autoridad bajo órdenes ejecutivas o lo que sea apropiado.

A nadie, sin importar raza, genero, ingreso, ni ubicación geográfica debería faltarle servicios públicos ni vivienda durante esta crisis de pandemia global. Para muchas familias, el riesgo de una desconexión debido al alto costo de la energía ya existía: uno de cada tres hogares en EE. UU. sufren de inseguridad energética y enfrentan dificultades extremas pagando sus cuentas eléctricas y manteniendo sus hogares adecuadamente cómodos durante épocas de frio o calor de acuerdo al análisis de una encuesta realizada por la administración de información acerca de la energía en EE. UU. Esta pandemia agrava esa vulnerabilidad.

Una crisis de asequibilidad similar impacta el acceso al agua limpia. Las tarifas de agua para residencias han aumentado tres veces la tasa de inflación en la ultima década. Muchos hogares de bajos ingresos tiene dificultades para pagar las facturas de agua y están sujetos a desconexiones y a gravámenes tributarios que pueden convertirse en pérdidas de vivienda y de hasta custodia de niños. Un informe reciente por el US Water Alliance encontró que “más de dos millones de personas en los EE. UU. viven sin agua corriente o tubería moderna”.

Todos estos problemas juntos ponen en riesgo la estabilidad de la vivienda durante un momento en que el desamparo aumenta gravemente tanto el riesgo de contagio como las dificultades en limitar la pandemia. Para evitar una bomba viral potencial entre una población aún más grande de gente sin viviendas, muchas ciudades han empezado a promulgar moratorias o a restringir las evicciones mientras la nación aborda la crisis.

Activistas en ciudades como Los Ángeles piden “…una suspensión amplia contra las evicciones de cualquier arrendatario en Los Ángeles. Esta moratoria debe ser aplicada de manera universal. Requerir comprobante de repercusión causal directo de COVID-19 puede excluir a individuos afectados indirectamente por efectos económicos secundarios o terciarios de la crisis de salud. Por ejemplo, los trabajadores que no pueden encontrar trabajos debido a una recesión económica no podrán comprobar una relación causal, sin embargo, eso no cambia el hecho que no disponen de dinero para pagar el alquiler”.

A nivel federal, nos unimos a la campaña “Opportunity Starts at Home” (la oportunidad comienza en casa) para instar al Congreso a que incluyan fondos de asistencia para la vivienda en los paquetes de asistencia federal en relación a COVID-19.

Las soluciones a esta crisis no deberían empeorar desigualdades existentes o imponer la respuesta de la nación en aquellos con menos posibilidades para absorberlas. Debemos tener más solidaridad entre nosotros. En vez de aislamiento social, debemos pensar en nuestra responsabilidad por el cuidado de nuestra comunidad. Ese cuidado se extiende a apoyar la habilidad de individuos y familias de quedarse en casa para evitar la transmisión del virus.

Por eso apoyamos una moratoria a los cortes de servicios públicos, acompañado de avisos claros a los clientes, para proteger a las comunidades más vulnerables. Hacemos un llamado a los gobernadores para que usen sus poderes de excepción (particularmente con los servicios de suministro de agua) para requerir “reconexiones seguras” a todas las personas bajo el sistema de agua y establecer pautas que definan los procedimientos para estas reconexiones seguras, incluyendo el evitar los riesgos a daños químicos, estructurales o de microbios en el sistema de distribución y la tubería, y la protección de la salud de los trabajadores (tales como capacitación, equipo de protección personal, y monitoreo continuo de las condiciones de trabajo).

Los  legisladores a nivel federal, estatal y local deberían colaborar con los usuarios, reguladores, agencias de servicios públicos, municipalidades, dueños de edificios y los activistas. Juntos deben crear políticas que proveen claridad y expectativas confiables para asegurar que el proceso de alivio y recuperación a esta crisis se comunique de manera efectiva a los hogares impactados.Para ver una lista de las agencias de servicios públicos, estados y municipalidades que han decretado una moratoria a los cortes de servicio y las evicciones, consulta esta base de datos recopilada por Energy Efficiency for All.

About the Authors

Alexis Cureton

California State Lead, Clean Energy and Equity, Healthy People & Thriving Communities and Climate & Clean Energy

Khalil Shahyd

Senior Policy Advocate, EEFA, Resilient Communities, Healthy People & Thriving Communities Program

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