La condición preexistente oculta

Escrito por Raymond Nevo de National Housing Trust y Pam Rivera.

Raymond trabaja en el National Housing Trust (Fideicomiso Nacional de Vivienda) como el Defensor de la Política y Equidad del Estado para las coaliciones de Eficiencia Energética para Todos (EEFA, por sus siglas en inglés) en Maryland y Pensilvania, abogando por una política de eficiencia energética que beneficie de manera equitativa a las comunidades de ingresos limitados que viven en viviendas multifamiliares asequibles. Raymond puede ser contactado en rnevo@nhtinc.org.


Imagen de Tai's Captures vía Unsplash

Con más de 750,000 casos confirmados de COVID-19 en los Estados Unidos, los funcionarios estatales y locales están comenzando a reconocer quienes son los más afectados por el virus. Para los que trabajamos para promover viviendas asequibles y eficiencia energética, no nos sorprende enterarnos que los afroamericanos son los más afectados por esta pandemia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han identificado que los adultos mayores y las personas con afecciones preexistentes son más propensos a la infección, complicaciones y muerte por COVID-19. Algunas de las afecciones preexistentes más comunes identificadas por los CDC son: asma, afecciones cardíacas, obesidad y enfermedades que pueden hacer que las personas estén inmunocomprometidas. Lo que se pierde en la terminología médica de “afecciones preexistentes” es el reconocimiento de que hay mucha evidencia que demuestra que una vivienda inadecuada, insalubre e inestable es un contribuyente social preexistente clave para muchos de estos problemas médicos que hacen que las personas sean más vulnerables a COVID-19, especialmente en comunidades que sufren de escasos recursos de manera sistemática.

¿Cómo se relaciona la vivienda con el riesgo de COVID-19?

Las prácticas totalmente racistas e implícitamente discriminatorias en la política de vivienda han impedido que las personas de color y especialmente los afroamericanos sean dueños de propiedades para generar capital. A pesar de la prohibición de “redlining”, la denegación de servicios financieros, y la implementación de la Ley de Equidad de Vivienda, los datos muestran que la brecha de riqueza y propiedad de la vivienda solo se ha ampliado a raíz de la Gran Recesión. Esto ha llevado a una realidad devastadora donde los afroamericanos tienen más probabilidades de vivir en comunidades con pocos recursos y ocupar viviendas de alquiler inadecuadas, insalubres e inestables, y aun así luchan por pagarlas.

Los datos muestran que los afroamericanos tienen tasas más altas de condiciones preexistentes. Pero, si nosotros, como país, vamos a abordar esta tendencia inquietante, debemos reconocer los sistemas que han permitido esto. En gran medida, esto se debe en parte al legado y la realidad de la discriminación en el empleo: los afroamericanos son más propensos que los blancos a tener trabajos que no brindan beneficios de atención médica adecuados, lo que conduce a peores resultados de salud en general y una mayor incidencia de estas enfermedades preexistentes. Además de una falta de acceso a buenos trabajos también se sufre discriminación en la vivienda, y la falta de escuelas de calidad, transporte público adecuado y recursos comunitarios básicos que las personas que viven en barrios más ricos dan por hecho. Incluso el aire que respiran los afroamericanos está más contaminado, lo que se ha relacionado con aumentos en la tasa de mortalidad entre las personas infectadas con COVID-19.

El proyecto de Eficiencia Energética para Todos (EEFA, por sus siglas en inglés) aborda el clima, la salud y la equidad al llevar la eficiencia energética a viviendas asequibles. Un aspecto central de este trabajo es reconocer que la equidad racial no ha sido históricamente una consideración en la política de vivienda y energía. La rápida propagación de COVID-19 entre los afroamericanos es un doloroso recordatorio de estos fracasos históricos. Desde el brote, la EEFA ha proporcionado orientación y recursos para ayudar a nuestros socios a responder a la crisis y sus efectos económicos a nivel estatal y local.

Los estados han comenzado a rastrear y reportar datos sobre la raza de los casos de COVID-19, y Michigan ha tomado medidas adicionales al nombrar un Grupo de Trabajo para investigar las disparidades raciales. Hay mucho por hacer para comenzar a abordar estas disparidades raciales, pero un componente clave de la solución es reunir los datos correctos, que incluyen:

  • Ubicación de los sitios de prueba de COVID-19. Necesitamos saber qué tan accesibles son las pruebas. Los sitios de prueba lejos de la mayoría de los vecindarios afroamericanos, o no accesibles a pie, aumentan el riesgo de infección para estos residentes porque no sabrán quienes son portadores de la enfermedad y si son contagiosos.
  • Datos completos sobre el número de pruebas administradas, casos confirmados y muertes, cada uno desglosado por raza. Muchos estados han reportado datos faltantes en hasta casi el 40 por ciento de los casos.
  • Ocupación del paciente. La ocupación de un paciente puede revelar la cantidad potencial de exposición del paciente al público. Con esa información, los estados pueden clasificar el riesgo de infección en relación con la ocupación.
  • Datos disponibles por código postal. Informar por condado no es suficiente para identificar vecindarios vulnerables. Los afroamericanos tienen más probabilidades de vivir en poblaciones más densas y viviendas superpobladas, lo que dificulta la práctica del distanciamiento social. Además, los afroamericanos tienen más probabilidades de vivir en vecindarios ubicados cerca de sitios de desechos tóxicos, contaminadores industriales o en islas de calor urbano, lo que los pone en mayor riesgo de todas las condiciones que aumentan sus riesgos bajo COVID-19. Los afroamericanos también tienen más probabilidades de vivir en vecindarios sin fácil acceso a recursos comunitarios como supermercados o instalaciones médicas. Esto significa viajes más lejos para comprar suministros, buscar atención médica o ir al trabajo.

Un ejemplo de esto es Maryland, que ha confirmado esta disparidad racial a través de informes de código postal.

Debemos responder a las desigualdades presentes ahora y después de la crisis

Junto con más datos, una respuesta equitativa a esta crisis debe abordar las inseguridades de la vivienda que afectan desproporcionadamente a las personas de color. Muchos estados han emitido moratorias de desalojo, pero se necesita más. La Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos publicó un informe que solicita 100 mil millones de dólares en asistencia de alquiler de emergencia durante la pandemia del COVID-19. La asistencia de vivienda a corto plazo es crítica, pero esta crisis de vivienda no terminará con la pandemia a menos que los funcionarios locales, estatales y federales apoyen la creación y preservación de viviendas asequibles y energéticamente eficientes. Ya sabemos que casi un tercio de los inquilinos no pudieron pagar su renta de abril para el quinto del mes. Es probable que ese número crezca en los próximos meses a medida que continúen las consecuencias económicas, siendo las industrias más afectadas las que emplean un número desproporcionado de afroamericanos y otras personas de color.

En un momento en el que se requiere que las personas se queden en casa, es más importante que nunca que puedan hacerlo de manera segura, cómoda y sin desperdiciar energía innecesariamente, lo que aumentará sus problemas financieros. Las regulaciones ambientales que protegen el aire limpio y aseguran el acceso al agua limpia en nuestros hogares deben fortalecerse en lugar de atacarse. Con el aumento de las muertes y los casos de coronavirus en los Estados Unidos, no podemos olvidar que cada uno de esos números es un ser humano. Son hijos de alguien, miembros de la familia de alguien, amigos de alguien, vecinos de alguien y merecían algo mejor. Debemos cambiar los sistemas de vivienda y corregir estas disparidades para asegurarnos de trazar un camino más equitativo para todos en el futuro.

About the Authors

Pamela Rivera

Southeastern Regional and Equity Lead, Healthy People & Thriving Communities Program

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