Priorizar el muro ante el país causa estragos en la vida de muchos americanos

Es hora de que el presidente Trump deje de jugar con los medios de vida de las personas, nuestro medio ambiente y nuestra salud.

Un mes después, el cierre de gobierno más largo y sin sentido en la historia de los Estados Unidos está afectando gravemente el medio ambiente y la salud pública.

Los inspectores de alimentos están inactivos o trabajan sin remuneración, lo que aumenta el riesgo de que nos enfermemos por comer productos, carne y aves que no están debidamente revisados. Los parques nacionales y las tierras silvestres públicas están invadidas por vándalos, vehículos de todo terreno y niveles desbordantes de basura. Las pruebas federales de la calidad del aire y del agua, así como el monitoreo de los niveles de contaminación de las fábricas, los incineradores y otras fuentes, están suspendidas o se han reducido drásticamente. El aporte ciudadano sobre temas ambientales decisivos se ha detenido. La investigación crucial y la recopilación de datos se ha aplazado.

Tratamos a los funcionarios públicos de carrera como trabajadores temporales, con 800,000 trabajadores federales en licencia—profesionales comprometidos, prohibidos de hacer su trabajo o que deben trabajar sin remuneración.

Los economistas de la Casa Blanca advierten que el cierre se ha convertido en un obstáculo para la economía nacional, ya que los empleados del gobierno pierden $200 millones de dólares en salarios por cada día que están inactivos.

¿Y para qué?

El presidente Trump se niega a firmar la ley de gastos del Congreso que financia alrededor de un cuarto del gobierno a menos que contenga unos $5 mil millones para construir un muro fronterizo. Eso no ha atraído el apoyo del Congreso requerido para su aprobación, y aproximadamente seis de cada diez estadounidenses se oponen a gastar dinero para construir el muro.

Todos quieren seguridad en la frontera, siempre que sea humano y legal. Pero cuando las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. muestran que los cruces ilegales en la frontera entre EE.UU. y México están en su nivel más bajo en los últimos 50 años, ¿quién podría culpar al Congreso por no malgastar el dinero de los contribuyentes en el muro de Trump? En cualquier caso, es difícil pensar en una justificación para cerrar el gobierno y hacer que los estadounidenses paguen el precio.

El veterano del Ejército de los EE. UU., Angel Stephensen, un trabajador federal en licencia que realiza la seguridad del aeropuerto, habló por gran parte de la nación esta semana cuando le dijo al Washington Post: “Somos peones políticos secuestrados por un tirano”.

Eso no es poner a Estados Unidos primero. Le está dando prioridad al muro antes que el país, con costos reales para los estadounidenses en todas partes.

En Arizona, el Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) tuvo que suspender trabajo crítico, al posponer el monitoreo en el río Colorado por la contaminación de las minas de uranio en las aguas del icónico Gran Cañón. Mientras tanto, en el Parque Nacional del Gran Cañón, el trabajo urgente en carreteras y el mantenimiento de edificios, cotizados en unos $330 millones de dólares, está detenido.

El cierre de un laboratorio de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) en Georgia puso fin al monitoreo de la calidad del agua potable y de las aguas superficiales de los ríos y arroyos en la cuenca de Lower Cape Fear en Carolina del Norte. Esta red de ríos, arroyos y humedales utilizada intensamente por algunas de las operaciones industriales de cerdos, pavos y pollos más intensivas del país, las cuales son también grandes contaminadoras industriales. Como resultado, grandes partes de la cuenca del río Cape Fear están muy contaminadas con altos niveles de nitrógeno, fósforo, sustancias químicas tóxicas y desechos orgánicos cargados de bacterias causantes de enfermedades.

En Alabama, los empleados federales tuvieron que detener la limpieza de arsénico, plomo y otros contaminantes tóxicos provenientes de las operaciones industriales en una comunidad mayoritariamente afroamericana en las afueras del norte de Birmingham. Al igual que en cientos de otros sitios de superfondo (Superfund Site), áreas contaminadas con químicos tóxicos y otros desechos peligrosos de fábricas, plantas de procesamiento, vertederos y minas abandonadas, los esfuerzos de limpieza federal han sido suspendidos por el cierre del gobierno.

En Virginia, la investigación de la trucha y otras preocupaciones críticas en la cuenca del Parque Nacional Shenandoah ha sufrido la interrupción más larga en los 40 años de la historia del programa. “Esta es la interrupción [de muestras] más grande que hemos tenido”, dijo el ecólogo Jeff Atkins a la revista Science. “Ahora, siempre tendremos este lapso”. El lamento de Atkins se hace eco junto al de otros investigadores en todo el país que enfrentan recortes de estudios, desde poblaciones de lobos y alces en Michigan hasta impactos de huracanes en Florida.

En el Parque Nacional Joshua Tree en el sur de California, vándalos cortaron árboles protegidos del desierto que generalmente viven 150 años o más para despejar el camino para la conducción ilegal con vehículos todo terreno. En lugar de cerrar todos los parques nacionales, como sucedió durante los cierres anteriores, el Departamento del Interior de los Estados Unidos les permitió permanecer abiertos, sujeto a la discreción de los superintendentes locales. Resulta que, necesitamos personal del Servicio de Parques Nacionales para mantener los parques limpios, seguros y protegidos de cualquier daño.

Lo mismo ocurre con las tierras silvestres federales que estan protegidas. En un área protegida en Montana, las motos de nieve no autorizadas corren a través de áreas prohibidas, poniendo en riesgo a los esquiadores y provocando daños duraderos en paisajes frágiles y hábitats insustituibles.

En los parques de todo el país, con los servicios sanitarios cerrados u obstruidos más allá del uso, los visitantes hacen sus necesidades en áreas naturales abiertas, destruyéndolas y creando problemas de saneamiento. “Es todos contra todos”, dijo Dakota Snider, a la revista Time, quien trabaja cerca del Parque Nacional Yosemite. “Es tan desgarrador. Hay más basura y desperdicio humano e indiferencia por las reglas que nunca había visto en mis cuatro años viviendo aquí”.

Con el aplazamiento de las audiencias públicas y mientras la fecha límite para los comentarios públicos se acerca, los ciudadanos no pueden comunicarse con los funcionarios de la EPA para localizar información u obtener respuestas a sus preguntas. Los aportes críticos de la comunidad han hecho falta en una serie de proyectos importantes que pueden tener un impacto duradero, incluyendo la propuesta de perforación de gas y petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico; limpieza necesaria de la contaminación de plomo en un área de viviendas demolidas sobre una fundición abandonada en el este de Chicago; y la descontaminación de un relleno sanitario con desechos peligrosos en Nassau, Nueva York.

Las licencias en la Oficina de Administración de Energía Oceánica, la agencia del Departamento del Interior que supervisa el desarrollo energético en alta mar, suspendió el desarrollo de los parques eólicos de la costa este, mientras que tres audiencias públicas para un proyecto propuesto frente a la costa de Massachusetts fueron descartadas.

Sin embargo, de alguna manera, el Departamento del Interior logró conseguir los fondos para recuperar a los trabajadores en licencia para continuar procesando las solicitudes de arrendamiento para la perforación de petróleo y gas en el Golfo de México y en tierras públicas en Colorado y en otros lugares. En otras palabras, para la energía limpia, el gobierno está cerrado; para los combustibles fósiles, está abierto para negociar.

En todo el país, dependemos de las inspecciones del Departamento de Agricultura de los EE.UU. y de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. para asegurarnos de que nuestros alimentos sean seguros y no transmitan enfermedades. La mayoría de los inspectores de ambas agencias han sido suspendidos o trabajan sin remuneración, y gran parte de este trabajo vital no se está realizando.

Los riesgos son reales. Solo el año pasado, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. investigó 22 brotes transmitidos por alimentos, la mayor cifra en al menos doce años, desde la salmonela en el pollo y pavo crudo hasta E. coli en carne de res molida y la lechuga romana. ¿Y ahora estamos sacando a los inspectores de alimentos sin pensarlo?

Seamos realistas. Hay pocas cosas que nuestro gobierno hace que afecta nuestras vidas diarias más directamente que la protección del medio ambiente y la salud pública. Todos dependemos de un gobierno que funciona para realizar las inspecciones, el monitoreo y la aplicación que requieren estas protecciones. Y contamos con funcionarios civiles competentes para dotar de personal a los parques nacionales y supervisar las tierras y aguas públicas que pertenecen, en todos los sentidos, a la ciudadanía.

Asegurarse de que estos servicios se brinden de una manera profesional y confiable, no es un favor que se conceda a gusto del presidente, ni tampoco un tipo de negociación para forzar el gasto en proyectos que carecen del apoyo de la mayoría. La prestación de los servicios que pagamos a través de nuestros impuestos es un requisito básico de la gobernanza, el corazón del pacto civil que une a las personas libres e independientes con el gobierno por el consentimiento de los gobernados.

Trump ha traicionado ese pacto. Es hora de que nuestro gobierno vuelva a funcionar, como todos los estadounidenses tienen derecho a esperar. Es hora de restaurar la gran promesa que guía lo que el presidente Lincoln llamó “gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”.