Pese a lo acontecido tras el huracán Harvey, el Congreso no logra pasar reforma a la ley de seguros contra inundaciones

Flooding caused by Hurricane Harvey in Southeast Texas on August 31, 2017

Air National Guard photo by Staff Sgt. Daniel J. Martinez/Released

Hace un año, el huracán Harvey tocó tierra en el estado de Texas. Su trayectoria hacia el norte fue lenta, descargando cantidades récord de lluvia sobre la región. Entre inundaciones masivas, propiedades perdidas y escenas de desesperación y espanto, la tormenta arrasó con Corpus Christi, Port Arthur y Houston.

En aquel entonces, nadie podría haber sabido que Harvey sería el primero de tres huracanes serios que afectarían a Estados Unidos en el 2017. Los huracanes Irma y María devastarían posteriormente al sureste estadounidense, así como a los territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Dichas tormentas deberían de haber supuesto la excusa y el momento perfecto para una reforma decisiva al fallido Programa de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) por parte del Congreso. Sin embargo, dejaron pasar la fecha límite para reautorizar el programa, que hubiese sido el 30 de septiembre de 2017, y aprobaron una medida de recurso temporal para otorgarse dos meses más antes de tener que actuar. No solamente se dejó pasar la fecha límite inicial, sino que se ha pospuesto cinco veces más desde entonces—para un total de siete veces en los pasados once meses. Al día de hoy, todavía estamos en espera de acción alguna por parte del Congreso para pasar reforma sobre el NFIP.

En los pasados once meses, el Congreso ha aprobado un total de $120 mil millones en ayudas federales para el manejo de desastres a causa de huracanes y ha perdonado $16 mil millones en deudas del NFIP. Los miles de millones de dólares en deuda perdonada le aseguraron solvencia económica al programa, facilitando pagos de reclamaciones por daños a víctimas de los huracanes Harvey, Irma, María, Nate, y de trece inundaciones adicionales declaradas desastres naturales, pasada la fecha del 30 de septiembre de 2017, cuando el programa tendría que haber caducado. El parcho aplicado a dicho programa con problemas sustanciales no sólo les ha costado miles de millones de dólares a los contribuyentes, sino que ha creado un ciclo vicioso e inescapable de inundación-reconstrucción para propietarios.

Hay que reconocer que: la Cámara de Representantes sí aprobó una legislación sobre los seguros contra inundaciones que incluye varias reformas urgentemente necesarias. Pero no se ha implicado absolutamente a nadie en el Senado, donde el tema no se ha mencionado en ningún debate serio.

El paso del huracán Harvey sacó a relucir un sinnúmero de problemas con el programa, los cuales le toca abordar al Congreso. A continuación, se encuentran varios de ellos, así como recomendaciones de NRDC al Congreso para comenzar a resolver el asunto.     

Corregir el problema de hogares que se inundan una y otra vez

Antes del paso de Harvey, ya se encontraban en Texas 4,889 de los 30,369 hogares más propensos a inundación de Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mejor conocida como FEMA, denomina a dichas propiedades con el nombre de “Propiedades con Pérdida Repetitiva Severa”. Los hogares en esta categoría se han inundado un promedio de cinco veces, tras las cuales el NFIP ha pagado el costo de reconstrucción una y otra vez. Los propietarios se encuentran atrapados por el seguro, en cierto sentido, tal y como asevera uno de ellos al Houston Chronicle para un reportaje: “Estamos varados aquí. No hay otra manera de explicarlo”. Si bien es cierto que el seguro proporciona la ayuda necesaria para poder reconstruir en el mismo sitio, que por lo visto es una ubicación vulnerable, también es cierto que es mucho más difícil recibir ayuda para aquellos que preferirían reconstruir en zonas más elevadas.

Recomendación al Congreso: Exigir responsabilidad a toda comunidad que contenga un número alto de propiedades vulnerables. La reforma aprobada por la Cámara de Representantes en noviembre del 2017 requeriría a dichas comunidades identificar las áreas que son propensas a inundaciones y crear planes a largo plazo para reducir el potencial de daños por inundación en las zonas, preferiblemente mediante la adquisición y demolición de propiedades cuyos propietarios estén dispuestos a vender (convirtiendolos posteriormente en espacios abiertos), elevando las estructuras para disminuir el riesgo de inundaciones futuras, o implementando algún otro tipo de estrategia para reducir el riesgo de inundación. Es imperativo que los gobiernos locales y municipales comiencen a implicarse en la toma de medidas y que se establezcan recursos para responsabilizar a las autoridades del control y manejo de inundaciones, ya que se espera que la situación empeore.      

Proporcionar asistencia para mudanzas a zonas más elevadas

El Condado de Harris, que incluye la ciudad de Houston, ha ayudado a 2,075 familias a mudarse de zonas inundables desde el año 1985. Tras el paso de Harvey, el Condado ha decidido invertir $242 millones en adquisiciones como parte de una iniciativa de bonos de deuda pública valorada en $2.5 mil millones, además de asignar una cantidad sustancial de fondos federales para el manejo de desastres para la adquisición de domicilios adicionales. No obstante, aún quedan unas 107,000 casas situadas en terrenos inundables en el Condado de Harris y millones más a través del país. Ningún propietario harto de tener que reconstruir una y otra vez a causa de inundaciones debería verse sin la opción de reubicarse en un tiempo razonable. A través del país, la cantidad de propiedades que han sufrido inundaciones un promedio de cinco veces cada una asciende a las 30,000—y el programa NFIP ha gastado unos $5.5 mil millones en dichas reconstrucciones tras cada inundación. El NRDC estima que el alza en el nivel del mar pondrá a unas 2.5 millones de propiedades en dicha situación de alto riesgo, lo cual supondrá un costo de $447 mil millones al NFIP en la próxima década, a falta de reformas que hagan de la adquisición una opción más viable.

Recomendación al Congreso: Enmendar la ley NFIP para ordenar a FEMA a proporcionar más ayuda a propietarios que prefieran reubicar sus hogares en vez de reconstruir en el mismo lugar cada vez que haya una inundación. El Congreso debe además asegurarse de que la asistencia llegue a las manos adecuadas de manera más inmediata. Bajo el sistema actual, una familia promedio espera de tres a cinco años para recibir asistencia para la reubicación por parte de FEMA . Existe un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara y presentado al Senado que exigiría un análisis para entender por qué las adquisiciones toman tanto tiempo y sugerir formas de agilizar el proceso. Con el aumento en la tasa de inundaciones y el alza en el nivel del mar, es imperativo proporcionar asistencia a aquellos que opten por abandonar zonas peligrosas.        

Aumentar la transparencia y exigir información sobre los riesgos de inundación

Es increíblemente difícil encontrar el historial de inundaciones o un informe de posibles riesgos de una propiedad. Éste es el caso tanto para compradores como para propietarios. Toca al Congreso corregir la situación. A fin de cuentas, cuando se le niega información íntegra al ciudadano, no se puede pretender que sea capaz de tomar decisiones correctas.

En 21 estados, el vendedor no está bajo obligación alguna de revelar a posibles compradores si la propiedad ha sufrido daños por inundación en algún momento, ni si el comprador se verá obligado por ley a comprar un seguro contra inundaciones una vez compre la propiedad. El estado de Texas supera a los demás al respecto: el vendedor tiene que informar al comprador si la propiedad se ha inundado anteriormente, pero, por otra parte, nadie tiene que informar al comprador sobre si el mismo tendrá que comprar o no un seguro contra inundaciones. El NRDC publicó una tarjeta de calificaciones para cada uno de los 50 estados que evalúa las leyes de cada uno en torno a la revelación de riesgos de inundación. El nivel ínfimo de información requerida en la mayoría de los estados es asombroso.

Incluso se les hace difícil encontrar información e historial de inundaciones de su propiedad a quienes ya son propietarios. Por ejemplo, a un propietario que quiera saber si debería de invertir en un seguro contra inundaciones se le podría ocurrir llamar a FEMA y preguntar sobre reclamaciones pasadas bajo una propiedad a través de NFIP—pero FEMA no proporcionará este tipo de información; información valiosa que ayudaría a un propietario a tomar decisiones adecuadas respecto a pólizas de seguro y demás medidas preventivas para proteger su hogar.

Y, por último, hay que saber que FEMA comparte muy poca información sobre seguros contra inundaciones públicamente. Tanto planificadores urbanos como investigadores y el público en general han de funcionar sin la habilidad de encontrar el número de propiedades de alto riesgo o propiedades inundadas repetidamente es sus urbanizaciones, o incluso sin saber si la ciudad o el municipio obedece y aplica correctamente los códigos de construcción y zonificación que, se supone, mantengan al desarrollo fuera de terrenos inundables.

Recomendación al Congreso: Corregir todos estos vacíos legales mediante el NFIP. La Cámara de Representantes aprobó en noviembre del 2017 un proyecto de ley que aborda todo lo anterior. Sólo falta que el Senado adopte las medidas.      

¿Qué espera el Congreso para actuar?

La próxima fecha límite para una reforma del NFIP es el 30 de noviembre. No está claro si el Congreso logrará aprobar una reforma comprensiva, puesto a que el Senado aún no ha dado señales de vida.

El mes pasado, con la próxima fecha límite cada vez más cerca, los Representantes Royce (R-CA) y Blumenauer (D-OR), con el respaldo del Presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, el Representante Jeb Hensarling (R-TX), presentaron legislación bipartidista con reformas de sentido común. La propuesta hubiese mantenido en pie la fecha límite del 30 de noviembre de 2018, para dar cabida a debates sobre asuntos más complicados. Desafortunadamente, el Representante Steve Scalise (R-LA) anuló la legislación, lo cual evitó un lapso en el programa (que no está mal), pero permitió que el Senado siga titubeando (que está fatal). 

About the Authors

Rob Moore

Senior Policy Analyst, Healthy People & Thriving Communities program
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