Cuando un virus expone una injusticia ambiental

A principios de esta semana, el número de muertos por COVID-19 en la ciudad de Nueva York, donde vivo, superó los 10,000. La ciudad más grande del país ha sido la más afectada por la enfermedad. Con más de 120,000 casos confirmados hasta el viernes, los recursos médicos y de salud pública de la “Gran Manzana” son cada vez más limitados. Pregúntale a cualquier neoyorquino sobre las sirenas y te dirán lo frecuente que son: cómo el sonido producido por las ambulancias a alta velocidad se ha convertido, en el último mes, en un elemento fijo de nuestro paisaje sonoro urbano. Las sirenas parecen estar en todas partes. La enfermedad parece estar en todas partes también.

Lo cual es cierto, hasta cierto punto, pero también engañoso.

Si bien la enfermedad está presente en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, los casos de COVID-19 no se distribuyen equitativamente dentro de cada uno de esos distritos. Un mapa recientemente publicado por el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad desglosó los casos confirmados por código postal, y los resultados son sorprendentemente claros: el coronavirus afecta desproporcionadamente a los vecindarios de bajos ingresos, que en Nueva York también tienden a ser comunidades de color.

No es solo la ciudad de Nueva York. En Nuevo México, los nativos americanos representan casi el 37 por ciento de los casos positivos de COVID-19, a pesar de que representan solo el 11 por ciento de la población del estado. En Illinois, los afroamericanos mueren a causa del virus a un ritmo cinco veces mayor que el de los residentes blancos. En Luisiana, donde los afroamericanos representan poco menos de un tercio de la población, representan el 70 por ciento de las muertes a causa de la pandemia. En Oregón, en Utah, en Alabama, en Georgia, en Michigan y en muchos otros estados, los datos cuentan versiones diferentes de la misma historia: las personas de color sufren y mueren de esta enfermedad a tasas alarmantemente altas.

Los médicos y especialistas en salud pública no se detienen en señalar que esta inequidad mortal se debe a un conjunto complejo de factores. Un mayor porcentaje de afroamericanos y latinos tienen empleos en la industria de servicios que no les permiten trabajar desde casa, lo que hace que menos de ellos puedan refugiarse en su hogar, como tantos expertos médicos y funcionarios estatales nos indican. Las personas de color también tienden a recibir niveles de atención diferentes e inferiores a los de sus contrapartes blancas cada vez que requieren de atención médica en EE. UU., lo que podría afectar la tasa de pruebas realizadas.

Pero el factor más importante que explica el número de muertes desiguales de COVID-19 es la presencia de afecciones médicas subyacentes, como obesidad, diabetes y problemas cardíacos, en sus víctimas. Estas condiciones también tienen muchas más probabilidades de afectar a las comunidades de color de bajos ingresos que a otras comunidades. Este hecho se destacó recientemente con la publicación de un nuevo informe sorprendente de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard que muestra una correlación entre la mortalidad del virus y la exposición a largo plazo a las partículas finas, el término técnico para lo que la mayoría de nosotros llamamos la contaminación del aire. Entre las conclusiones a las que llegaron los autores: las tasas de mortalidad de COVID-19 en áreas con un mayor nivel de contaminación del aire son un 15 por ciento más altas que en áreas con un nivel aún más bajo de esa misma contaminación.

¿Y qué grupos de personas son estadísticamente más propensos a vivir en áreas con niveles de contaminación del aire que se han relacionado directamente con la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardiovascular e incluso la obesidad? Gente de color, y especialmente aquellos en grupos de bajos ingresos. Durante más de un siglo, los contaminadores corporativos y los funcionarios públicos cínicos vertieron desechos y colocaron instalaciones que arrojan toxinas en las comunidades de color o cerca de ellas, aprovechando la relativa falta de poder político de los residentes. Todo un movimiento de justicia ambiental ha surgido para combatir esta forma sistémica de racismo.

Pero no es fácil erradicar la injusticia que literalmente se ha incorporado a una comunidad, especialmente una injusticia con una masa física tan grande como la planta de carbón Crawford en Chicago. El pasado fin de semana, los residentes de La Villita, un vecindario predominantemente latino y de clase trabajadora, pasaron su sábado antes de Pascua jadeando y respirando con dificultad después de que la demolición de la chimenea de la planta enterró el barrio en una nube de polvo tóxico. Aunque fue un suceso horrible, especialmente dado el contexto de una pandemia que ataca el sistema respiratorio humano, este incidente fue solo uno más en una larga serie de asaltos ambientales cometidos contra los residentes de La Villita, que han vivido durante décadas en la sombra de dos plantas de carbón notoriamente contaminantes.

En una pandemia, todos están en riesgo. Pero no todos están en el mismo nivel de riesgo. El racismo ambiental es como una nube tóxica que se extiende sobre demasiadas comunidades de color, haciéndolas más susceptibles al COVID-19 al contribuir a las mismas condiciones de salud subyacentes que pueden catalizar su letalidad. Necesitamos entender, como nación, que reducir la contaminación del aire no es solo algo por qué luchar. Es un imperativo moral. Cuando aceptamos el desprecio indiferente de las compañías de combustibles fósiles y los contaminadores corporativos que insisten en que sus emisiones son solo una parte necesaria para hacer negocios, no estamos “creando empleos” o “apoyando economías”. Estamos deteriorando la salud y la resiliencia de nuestras comunidades.

El aire sucio es aire mortal. En este momento ansioso de la historia, cuando el mismo acto de respirar se siente tan lleno de incertidumbre, no podemos darnos el lujo de ignorar las sirenas que se escuchan a nuestro alrededor.

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