Sede de COP25 cambia, necesidad de acción climática en Chile permanece

Tras casi dos semanas de movilizaciones sociales y protestas masivas en Chile, el presidente Piñera anunció que el país ya no será la sede de la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima (COP25) en diciembre ni del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en noviembre. Esta decisión no impedirá que avancen las negociaciones climáticas mundiales que ahora se llevarán a cabo en Madrid y Chile  conserva la presidencia de la COP. Sin embargo, es lamentable que América Latina y Chile pierdan la oportunidad de resaltar los enormes desafíos que enfrentan para enfrentar el cambio climático, así como el progreso que ya se ha realizado. Es esencial que el cambio de sede de la cumbre mundial sobre el clima no impida que Chile avance con la acción climática a nivel local y nacional. De hecho, es aún más urgente a la luz del continuo descontento social del país.

En sus comentarios sobre la cancelación de la COP25 y APEC, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile explicó que se tomó la decisión de cancelar las cumbres para que el gobierno se pueda concentrar en impulsar una nueva agenda social y en implementar las reformas que Chile necesita con urgencia. Sin duda, Chile ahora se encuentra ante una encrucijada que no puede ignorar.

Las protestas que inicialmente fueron provocadas por un aumento en la tarifa del transporte público reflejaban una amplia gama de inquietudes, desde pensiones bajas hasta servicios sociales de baja calidad o inaccesibles, hasta condiciones de trabajo deficientes. Pero también revelaron (una vez más) ciertos problemas ambientales de larga data que solo sirven para exacerbar las desigualdades sociales en Chile:

• "Zonas de sacrificio", o comunidades o vecindarios que enfrentan niveles de contaminación excesivamente altos y carecen de servicios de salud adecuados.
• La sobreasignación de recursos hídricos escasos a grandes usuarios y corporaciones,  a menudo a expensas del acceso al agua potable para comunidades rurales y pequeños agricultores.
• Una dependencia continua de la sobreexplotación de los recursos naturales, desde minerales hasta bosques y ríos, que puede contaminar el aire y el agua de las comunidades aledañas, y a menudo de los pueblos indígenas.
• La falta de acceso adecuado a la información y protección legal para líderes ambientales, lo cual está garantizado bajo el Acuerdo de Escazú que Chile todavía no ha firmado.

Estos son solo algunos ejemplos que demuestran que la desigualdad que prevalece en Chile, a pesar de que el PIB ha crecido, no es solo un problema económico.

Además, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Los impactos de este fenómeno también están distribuidos de forma desigual y sirven para multiplicar la falta de equidad. Las comunidades de bajos ingresos y marginadas están a menudo más expuestas y menos preparadas para enfrentar los riesgos asociados al cambio climático. Muchas comunidades rurales en Chile ya son las más afectadas por la mega sequía que sufre el país. En las regiones desérticas del norte del país, tormentas de lluvia inusualmente fuertes han inundado edificios críticos como hospitales y dejado a pueblos enteros aislados. Incluso sin organizar una COP en Santiago este diciembre, Chile necesitará avanzar en una agenda climática a nivel local como parte integral de abordar las inequidades y las apremiantes demandas sociales que estas dos últimas semanas han puesto en primer plano.

Las soluciones climáticas inclusivas también alivian otros problemas y pueden constituir los pilares de una sociedad más equitativa. La reducción de los contaminantes climáticos , como el carbono negro, resulta en mejoras la salud. Las soluciones de infraestructura verde pueden disminuir la escasez de agua. La construcción de infraestructura resiliente puede asegurar la continuación de servicios de salud críticos cuando ocurre un desastre. Las prácticas agrícolas sostenibles reducen la degradación de la tierra al mismo tiempo que producen mejores rendimientos. La protección de los recursos costeros y marinos puede proteger a las ciudades y a sectores económicos como la pesca de tormentas, inundaciones y el aumento en el nivel del mar.

En los últimos diez años, NRDC ha trabajado en Chile con socios de la sociedad civil, el sector privado, la academia y el sector público para ayudar a impulsar soluciones de energía limpia y finanzas verdes, proteger los ríos de flujo libre del país y abordar la escasez de agua. Creemos que Chile puede ser un ejemplo para otros países en América Latina y más allá de la región. De hecho, la revolución de energía renovable no convencional en Chile es un ejemplo para los países que buscan acelerar la transición hacia energías limpias. En los últimos meses, también hemos visto la energía y el compromiso con que chilenos de diferentes sectores de la sociedad han trabajado para preparar una COP25 exitosa que, entre otras cosas, posicionaría a la ciencia en el centro del debate, atraería nueva atención al nexo océano-clima, y resaltaría el rol de soluciones de transporte limpio.

Ahora también, Chile puede ser un ejemplo para otros países. Los ciudadanos de países alrededor del mundo –desde el Líbano al Ecuador a la República Checa– están pidiendo sociedades más justas y equitativas que funcionen mejor para todos sus ciudadanos, no solo para aquellos con poder. Chile se encuentra ahora en un punto de inflexión y tiene la oportunidad de emprender un camino verdaderamente equitativo y sostenible. Chile necesitará canalizar la energía de este movimiento para abordar las inequidades fundamentales en el sistema actual y priorizar soluciones a corto y largo plazo que creen un país donde todos puedan vivir y prosperar en comunidades limpias y equitativas.