Escrito por Patricio Segura
Lo siguiente es la tercera parte de un artículo más largo, publicado el 13 de julio. La primera parte está aquí, y la segunda aquí. Durante los próximos días Pulso Verde publicará el resto del artículo en un total de cuatro partes.
Con HidroAysén en el corazón
Si existió un tema que inundó los medios durante los primeros meses del Gobierno de Sebastián Piñera (además de las buenas y malas decisiones post terremoto), éste fue el de los conflictos de interés. El caso de HidroAysén no fue la excepción.
La Corema de Aysén está integrada por 19 miembros. Una mayoría forma parte del Gabinete Regional –es decir del Ejecutivo– y sólo 4 representan al Consejo Regional de Aysén. Y es precisamente entre las autoridades nombradas por el Gobierno donde algunos consideran que no estarían dadas todas las condiciones para una actuación imparcial e independiente al momento de resolver sobre HidroAysén.
El caso más paradigmático es el del actual gobernador de la provincia General Carrera, Pedro Durán Ivanoff, quien además de ser miembro de la Corema debe emitir informes de evaluación sobre el estudio. Hasta un día antes de asumir en este cargo de confianza, fue coordinador provincial de Relaciones con la Comunidad de HidroAysén.
Otra situación compleja es la de Fernando Guzmán Espinoza, quien según fuentes cercanas a la empresa, también prestó servicios a HidroAysén en la evaluación de proyectos que organizaciones comunitarias presentaron para financiamiento de la eléctrica. Hoy es seremi de Economía y miembro de la Corema.
Victoria Moya Cáceres, actual seremi de Minería, también estuvo vinculada al proyecto sobre el cual se deberá pronunciar en un futuro cercano. En mayo de 2008 contó que trabajaba para una consultora que, como contratista, hacía perforaciones para HidroAysén. “La gente local lo único que quiere es trabajo”, dijo entonces cuando se le consultó sobre la oposición al proyecto. También integra la Corema.
Todo esto es particularmente complejo si se considera que tendrán que lidiar, además, con lo estipulado en la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado: el principio de abstención establece como motivo “tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Quizás la postergación hoy juegue a su favor.
conferencia en Coyhaique: "Liderazgo Ético"
Otro que partió con una posición clara pro represas fue el actual seremi de Obras Públicas, Quemel Sade Barría. En la primera declaración que dio el 14 de abril a una radio regional, luego de que se conociera su designación, expresó que “somos la gran reserva de energía del país, la única energía limpia, nuestra y renovable es la energía hidroeléctrica, y a esa energía tenemos que sacarle lucas para que los ayseninos realmente nos incorporemos al crecimiento y desarrollo de Chile, y nos desarrollemos nosotros”. Opinión que no difiere de la que vertiera en un foro en el periódico electrónico El Ciudadano el 5 de diciembre de 2008, al opinar sobre los proyectos en la Patagonia: “La mejor energía: renovable, no contaminante y cien por ciento chilena es la hidráulica. Bienvenidos los lagos y las centrales hidroeléctricas para sacar Aysén de su ancestral ostracismo. Energía sana y un freno al calentamiento global”.
La definición en estos cargos se hizo a pesar de que la Contraloría Regional de Aysén ya dio luces sobre la estricta postura que tendrá respecto a los eventuales conflictos de interés entre las acciones de las autoridades evaluadoras y los titulares evaluados, en el marco del SEIA.
Producto de una consulta realizada el 16 de septiembre de 2009 por el autor de este reportaje, el organismo fiscalizador dictaminó el 5 de marzo de este año que “los referidos municipios deberán arbitrar las medidas que correspondan a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia de que se trata, circunstancia que será verificada por este organismo contralor en las futuras fiscalizaciones que se disponga sobre el particular”. El requerimiento había apuntado a los municipios de Aysén (alcaldesa Marisol Martínez Sánchez, PS), Cochrane (alcalde Patricio Ulloa Georgia, UDI) y O’Higgins (alcalde José Fica Gómez, DC), y requería a la entidad que procediera a “investigar y determinar la eventual incompatibilidad de los convenios y contratos (varios de los cuales generan una relación de dependencia de recursos financieros) que diversos municipios de la Región de Aysén mantienen vigentes con sociedades cuyas iniciativas presentadas ante el Sistema de Evaluación Ambiental les corresponde evaluar en el marco de la institucionalidad respectiva”.
La decisión del organismo fue un duro golpe a la política de responsabilidad social empresarial de las hidroeléctricas en Aysén, pues se vieron en la obligación de expresar públicamente que en ningún momento buscaron incidir en las decisiones de los organismos públicos, mientras los alcaldes aclaraban que los recursos recibidos no afectaron bajo ninguna circunstancia su independencia al momento de evaluar los estudios de impacto ambiental de éstas.
Dentro de las prácticas cuestionadas se incluyen diversas acciones conjuntas entre municipios y las empresas.
Una de ellas fue el “Convenio de Cooperación para la Promoción de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas entre la Ilustre Municipalidad de Cochrane e HidroAysén”, suscrito el 22 de enero de 2009, o una biblioteca para la Escuela Litoral Austral, dependiente de la Municipalidad de Aysén, por $ 4 millones por parte de Energía Austral, que junto a otras actividades ha generado incluso que tenga el concejo que aprobar modificaciones presupuestarias en la misma época en que ya le correspondía evaluar el proyecto de represa de esta empresa, río Cuervo.
También está la itinerancia del programa “Conversemos de Energía” que HidroAysén desarrolló en diversos establecimientos educacionales de la región. Luego de recorrer varias ciudades de Aysén, la situación en Villa O’Higgins fue compleja: “Apoderados de Escuela de Villa O’Higgins Impidieron Realización de Muestra ‘Conversemos de Energía’ de HidroAysén” publicó el diario local El Divisadero, dando cuenta del cuestionamiento ciudadano a este tipo de iniciativas. “Conversamos el tema con la directora y le hicimos ver que no era pertinente que una empresa viniera a promocionar un proyecto que está en plena evaluación ambiental, y con muchos cuestionamientos. Además hicimos las consultas y el programa de HidroAysén no tiene autorización del Ministerio de Educación, y nosotros no aceptamos que vengan a alterar el programa escolar de nuestros hijos” dijo en la ocasión el ex concejal y presidente de la Agrupación Cultural y Ambiental Río Pascua, Hans Silva. Ante esto se resolvió realizar la actividad en el gimnasio sólo con los niños cuyos padres autorizaran su participación, con el compromiso de que no se hiciera promoción a la empresa. Aunque según Silva sólo asistieron 14 de los casi 90 alumnos de la escuela, la promesa no se cumplió, pues al concluir la exposición se entregaron “linternas de regalo para los niños con el logo de HidroAysén”.
Pero en la decisión de la Contraloría Regional de Aysén había un fundamento de fondo: la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo. La Ley de Bases Generales sobre Administración del Estado señala expresamente que los organismos públicos deben abstenerse de “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Esto ha abierto una caja de Pandora en la discusión sobre los conflictos de interés, por lo amplio que puede ser considerado el concepto “cualquier circunstancia”.
El debate sobre esta resolución de la Contraloría Regional de Aysén no ha quedado en la sola recomendación. En forma separada, organizaciones de las comunas de Cochrane, O’Higgins, Aysén y Coyhaique, además del diputado PPD René Alinco, están presentando ante el organismo solicitudes para que definitivamente se dé término a los contratos entre municipios e hidroeléctricas con estudios en tramitación, y que dirima 3 aspectos: la legalidad o ilegalidad de los contratos suscritos en situación de irregularidad, al igual que de los informes técnicos de evaluación emitidos en tal condición, y las posibles sanciones administrativas y legales a los responsables de un proceder que se considera una grave contravención a la probidad.
Biografía
Patricio Segura Ortiz es un periodista chileno, titulado en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. En 1995 se desempeñó en Santiago, Chile, pero luego de una corta estadía a fines de ese año se trasladó a Coyhaique, en la Patagonia chilena. Fue amor a primera vista: se encantó con la región, la naturaleza, la gente, el estilo distinto a lo que había conocido.
Desde 2006 se desempeña en la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y el equipo de comunicaciones del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena.
Tiene una especialización en desarrollo sustentable, y ha sido presidente regional del Colegio de Periodistas de Chile. Ha obtenido diversos reconocimientos, como la Beca de Investigación Periodística de la Fundación AVINA y Fundación Nuevo Periodismo para el proyecto "La Guerra el Agua en Chile" publicado en el diario La Nación.
Es columnista semanal del diario El Divisadero y comentarista de la Red Regional de Radio Santa María de Coyhaique.