Papel del Congreso al revertir tendencia climática en México

Los legisladores que presionan por cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se centran en las formas en que el acuerdo renegociado podría poner fin a la subcontratación de empleos y a la contaminación. Estos son de crucial importancia, pero antes de que cualquier nuevo acuerdo comercial pueda obtener apoyo en el Congreso, también debe abordar las alarmantes tendencias climáticas en México.

A pesar de sus compromisos internacionales, el gobierno federal de México parece retroceder en lo que respecta al clima, una propensión inquietante que en gran medida pasa desapercibida en los EE. UU. mientras observamos con horror como nuestro presidente niega el cambio climático. El TLCAN actualizado, rebautizado como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es una oportunidad clave para garantizar que México alcance sus objetivos climáticos. De hecho, el T-MEC ya enumera siete acuerdos ambientales multilaterales que los legisladores estadounidenses establecieron como partes necesarias en los acuerdos comerciales. Agregar el Acuerdo Climático de París a esa lista garantizaría que este importante acuerdo con los dos principales socios comerciales de EE. UU. aborde de manera significativa el cambio climático.

¿Cuál es la conexión entre el comercio y el clima? Sabemos que el libre comercio desenfrenado exacerbará el cambio climático. El comercio mundial se ha más que triplicado desde que el TLCAN entró en vigencia en 1994. Desde ese tiempo, las emisiones globales anuales de carbono aumentaron en más del 60 por ciento. Por lo tanto, vincular los compromisos del Acuerdo de París con T-MEC es práctico y críticamente importante.

Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), México ocupa el décimo lugar entre los mayores emisores de contaminantes climáticos, justo detrás de Canadá. Estados Unidos ocupa el segundo lugar detrás de China. Si bien México no emite tantos gases de efecto invernadero como los EE. UU. y Canadá, sus esfuerzos para abordar el cambio climático siguen siendo muy importantes, tanto por la conexión con sus vecinos del norte como por su potencial para influir en sus vecinos del sur.

México es considerado un líder mundial en lo referente a políticas de cambio climático, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo, y el primer país en desarrollo, en aprobar una ley de cambio climático en 2012. La ley también fue actualizada en 2018 para incluir una referencia a los compromisos internacionales de México del Acuerdo de París. En 2015, el país anunció su Ley de Transición Energética para ayudar a fomentar la generación de energía limpia después de que importantes reformas energéticas en 2014 abrieron el sector a la inversión privada. Esa ley también se ratificó con el compromiso climático internacional de México con el Acuerdo de París para reducir su contaminación climática en un 22 por ciento para 2030. Fue el primer país en vías de desarrollo en presentar su compromiso climático para el Acuerdo de París y fue el primero en incluir medidas de adaptación y reducciones de carbono negro. Al mismo tiempo, los recursos envidiables del país para la energía solar y eólica ayudan a generar un crecimiento e inversión significativos en el sector de las energías renovables como resultado de la aprobación de la Ley de Transición Energética.

Inauguración de Central Eólica Sureste I, Fase II

Presidencia de la República Mexicana, via Flickr

El presidente mexicano, Andrés Manuel López-Obrador (o AMLO, como se le conoce comúnmente) asumió el cargo en diciembre de 2018 y ha priorizado la justicia social, la autosuficiencia y la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, su primer año se ha centrado en acciones que retroceden los éxitos de energía limpia del país y en su lugar defienden la industria de combustibles fósiles:

- Apoyo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera estatal actualmente en quiebra.

- Seguimiento rápido de los permisos ambientales para una nueva refinería para Pemex, incluida la deforestación ilegal de tierras para el proyecto

- Cancelación de la cuarta subasta de energía a largo plazo, la principal forma en que las compañías de energía renovable aseguran contratos a largo plazo

- Reducción del presupuesto del gobierno para energía solar y eólica y dedicar más de la octava parte para la rehabilitación de las viejas centrales eléctricas de carbón

- Una propuesta para cambiar las reglas de los Certificados de Energía Renovable, implementados originalmente para estimular nuevas plantas de energía renovable. La propuesta permitiría a la Comisión Federal de Electricidad incluir plantas viejas en el esquema del certificado, lo que contradice la necesidad de nuevas plantas de energía limpia.

Estas acciones podrían evitar que México cumpla con sus compromisos climáticos internacionales existentes y sus metas climáticas nacionales. Críticamente, al contribuir a un clima más cálido a largo plazo, acciones equivocadas como estas son contrarias al desarrollo sostenible y a las ganancias de justicia social a las que aspira el gobierno de AMLO. Esto se produce en el contexto de la evidencia científica que muestra que debemos ser más ambiciosos si queremos evitar los peores impactos del cambio climático. La propia vulnerabilidad de México a los impactos del calentamiento global es grave y los riesgos afectan abrumadoramente a las comunidades más vulnerables y marginadas. Los proyectos del gobierno que aumentaron las inundaciones por sí solos podrían costar al país $7 mil millones, y el cambio climático podría costar más de $1 mil millones entre 2020 y 2029 en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey combinados. También es lamentable porque México podría avanzar mucho más hacia la independencia energética al enfocarse en desarrollar los sectores nacionales de energía renovable y de eficiencia energética.

Un T-MEC que incorpore consideraciones climáticas podría promover la justicia social y la autosuficiencia en el país al ayudar a reducir los peores impactos del cambio climático y al apoyar el crecimiento de energía limpia que beneficia a las comunidades.

Al incluir el cambio climático, así como otras normas fundamentales tanto ambientales como laborales, en el nuevo TLCAN, podemos ayudar a que tanto Estados Unidos como México cumplan con los compromisos internacionales que hicieron para ayudar a combatir el calentamiento global. A medida que los miembros del Congreso continúen sus negociaciones con la administración Trump, deben luchar por un nuevo acuerdo que realmente refleje el siglo XXI y que beneficie a los vecinos y las comunidades más allá de las fronteras.

About the Authors

Amanda Maxwell

Director, Latin America Project

Join Us

When you sign up you'll become a member of NRDC's Activist Network. We will keep you informed with the latest alerts and progress reports.