Seis meses han pasado desde el comienzo del vertido de petróleo en el Golfo de México. Seis meses en la conciencia amnésica y distraída del público es una eternidad así que el tema de la contaminación del agua, y por ende de la vida marina en el golfo, ya parece una historia del pasado. Pero esto no es exclusivo a la contaminación de las aguas del golfo ya que la contaminación de la comida de mar por fuentes industriales es un gran riesgo a la salud pública y a la economía de la industria pesquera por toda la nación y el mundo. El público, quien al final consume los mariscos, al desentenderse del tema se expone a alimentar a su familia con comida de mar tóxica, la cual es muy popular en la cocina latina y, sin contaminantes, es la carne con más propiedades alimenticias que nos ofrece la naturaleza.
Los expertos de NRDC, junto a más de dos docenas de grupos interesados en el monitoreo de los tóxicos en la comida marina que está saliendo del golfo, han estado disputando la metodología y transparencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en ingles) y la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA en ingles) quienes son los responsables de permitir que los mariscos en cuestión a lleguen a los platos de los consumidores. Una de las deficiencias más notables de las pruebas de los mariscos y pescados del golfo es que no están buscando la presencia de los químicos en los casi 2 millones de galones de dispersantes que se usaron contra el crudo. Otra deficiencia alarmante en el análisis de la FDA/NOAA que están usando unos parámetros de toxicidad demasiado altos que ignoran el impacto de niveles de hidrocarburos y metales más bajos en personas que pesan menos de 176 lbs (80 kgs) como los niños y mujeres. Y todo esto está sucediendo a pesar que el derrame fue tan grande que se asume habría mejores controles de calidad para evitar más escándalos de incompetencia federal.
Ahora, no recomiendo que el público elimine la comida de mar de su dieta ni estoy atentando contra la supervivencia de comunidades costeras. Lo que abogo es que aquellas industrias que contaminan el agua dulce y marina se deben hacer responsables por el costo real de sus operaciones. Y esto no solo está dirigido hacia la industria petrolera sino que todas las otras que contaminan aire, tierra y agua como las empresas de energía de carbono, las plantas químicas y las fábricas de productos del consumidor. Estas industrias son las fuentes principales globalmente de unos de los problemas de tóxicos más graves y persistentes en la cadena alimenticia: el mercurio y los PCBs (bifenilos policlorados). En septiembre de 2009 la Agencia para la Protección Ambiental de EE.UU. (EPA en ingles) publicó un estudio nacional sobre los químicos en los peces de lagos en 48 de los 50 estados de la nación. Aterradoramente, el estudio encontró que un 49% de los peces tenían niveles de mercurio sobrepasando los límites de salubridad humana y un 17% presentaron niveles de PCBs en violación de las normas.
Químicos tóxicos como el mercurio y los PCBs tienen la propiedad de la bioacumulación en la cadena alimenticia y por eso predominan en los tejidos grasos de poblaciones animales y humanos a pesar de que el uso y producción de ambos han sido restringidos por las leyes en EE.UU. y otros países industrializados. Por consecuencia, un alimento tan básico en las alacenas de muchas familias como el atún de lata, por ser uno de los predadores marinos en la cima de la cadena alimenticia del mar es la principal fuente de envenenamiento por mercurio. Desafortunadamente los riesgos a la salud para los más vulnerables como los niños y fetos son alarmantes. El mercurio es una neurotoxina que en altos niveles puede causar terribles estragos en el desarrollo cerebral y nervioso de los niños. Los PCBs son carcinógenos que persisten en el ambiente porque por mucho tiempo fueron un componente básico de todo tipo de manufacturación industrial.
El público no se puede defender de estos peligros en el supermercado o ante el carnicero. Indudablemente los comerciantes dirán que su producto es seguro porque confían que ya hayan pasado por pruebas satisfactorias de calidad pero el problema yace ahí. Las reglas y normas nacionales no tienen clausulas lo suficientemente rígidas para obligar a los contaminadores a limpiar sus operaciones y prevenir la contaminación. Esta enorme deficiencia regulatoria abarca todos los químicos tóxicos en productos de consumo común.
La impotencia del público ante estos riesgos debe transformarse a una acción colectiva. La única manera de proteger a nuestros niños y mujeres embarazadas es pasando una reforma de control de substancias toxicas de inmediato. Las leyes existentes llevan más de 30 años en los libros y han permitido que lleguemos a este punto donde todo lo que nos rodea nos puede estar envenenando lentamente. Este año la batalla se está peleando en el Congreso de EE.UU. donde dos propuestas de ley fueron introducidas para reformar las reglas. El Acta de los Químicos Seguros para los Niños y el Acta de Seguridad contra Químicos Tóxicos pretenden pasarle la responsabilidad de probar si los productos en el mercado son seguros del sector público al sector privado. El Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental ha dicho “aquellos que producen estos químicos deben asumir la responsabilidad de hacer pruebas de seguridad antes de ponerlos en las manos del público y a cambio de esperar que la EPA juegue al detective buscando los problemas…estos proyectos de leyes obligarían a las empresas que declaren cuales químicos usan en sus productos y demuestren que hay una certeza razonable que su uso no resultara en daños a la salud”.
Por lógica uno deduciría que una reforma de estas no tendría obstáculos. Al fin y al cabo, ¿de que sirve tenerlo todo excepto una buena salud? Pero la lógica de las ganancias gordas a corto plazo por encima de los intereses sociales y del medio ambiente está ganando la batalla porque tiene bolsillos profundos. Las industrias químicas y manufacturadoras desde el año pasado llevan casi $150 millones de dólares gastados en el cabildeo de los legisladores de este país y al parecer han ganado la más reciente batalla legislativa. La única forma que el público podrá protegerse en contra de los intereses financieros de compañías multimillonarias es exigiéndole a sus representantes al congreso que aprueben una reforma durante su sesión del 2011 y cesen de sucumbir ante las presiones y sobornos disimulados de las industrias.
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