El Movimiento de Justicia Ambiental

La justicia ambiental es esencial en la lucha para mejorar y mantener un medio ambiente sano y saludable, especialmente para aquellos que tradicionalmente han vivido, trabajado y jugado en las zonas más cercanas a contaminantes.

Manifestantes impiden el paso a la descarga de desechos tóxicos en un vertedero en Afton, Carolina del Norte, en 1982.

Ricky Stilley

Liderado principalmente por afroamericanos, hispanos, las comunidades asiáticas y pacíficas estadounidenses, y grupos amerindios, el movimiento de justicia social ejemplifica un hecho innegable: la ciudadanía que históricamente reside, trabaja y juega en las áreas más contaminadas de Estados Unidos es generalmente el sector ciudadano no blanco y de bajos recursos. Y los que abogan por la justicia ambiental han demostrado que dicha realidad no se ha desarrollado al azar: a la hora de buscar comunidades que alojen instalaciones de impacto negativo ambiental, ya sean vertederos, centrales industriales o estacionamientos de camiones, se han tratado de localizar rutinariamente comunidades que no sean blancas, las cuales frecuentemente son comunidades pobres. Esta práctica, a la que se le conoce como “racismo ambiental”, ha quedado más que documentada en evidencia estadística. Las comunidades no blancas en EE. UU. han estado sufriendo y luchando contra injusticias por décadas.

El brote de un movimiento

El Condado de Warren en Carolina del Norte es un área rural, pobre y mayormente negra. A primera vista parecería poco probable que fuese la cuna de un movimiento político. Pero cuando el gobierno estatal lo declaró el lugar idóneo para descargar 6,000 camionadas de tierra contaminada con PCB tóxico, se convirtió en el centro de atención nacional de la noche a la mañana.

Los camiones cargados empezaron a llegar al Condado de Warren a mediados de septiembre de 1982, rumbo a un vertedero para materiales tóxicos recién construido en la pequeña comunidad de Afton. Fueron interceptados por vecinos de la comunidad y aliados solidarios con la causa, legítimamente indignados ante la desatención de funcionarios estatales que habían hecho caso omiso al reclamo de la ciudadanía preocupada por la posibilidad de derrames o filtraciones tóxicas que pudieran afectar el agua potable de la zona. Lograron detener a los camioneros, acostándose a lo largo de las carreteras que conducían al vertedero. Tras la manifestación inicial transcurrieron seis semanas de marchas y protestas pacíficas; se arrestaron a más de 500 personas – fue la primera vez en la historia estadounidense que hubo arrestos sobre disputas referentes a la localización de un vertedero.

Con la primera batalla ganada, lamentablemente la comunidad del Condado de Warren perdió la guerra: los desechos tóxicos fueron eventualmente depositados en el vertedero en cuestión. Aun así, la historia de gente común y corriente impulsada por la desesperación a acudir a las calles y tomar medidas fuera de lo normal para proteger sus hogares contra un ataque tóxico, es una historia de valentía que captó la atención nacional e inspiró a miles de personas alrededor del país que también habían sido víctimas de este tipo de injusticias. Las manifestaciones en las calles y los obstáculos superados en el Condado de Warren se consideran al día de hoy un hito en el movimiento nacional por la justicia ambiental.

Antes de los acontecimientos en el Condado de Warren, ya había habido otras comunidades no blancas que se habían organizado para oponerse a amenazas ambientales. A principios de la década de los 60, un grupo de trabajadores agrícolas hispanos se había organizado bajo el liderazgo de César Chávez en la lucha por derechos laborales, incluyendo protección contra pesticidas dañinos utilizados en las granjas, huertos y campos del valle de San Joaquín en California. En el 1967, estudiantes afroamericanos acudieron a las calles para protestar un depósito de basura local que la ciudad había situado en su comunidad y que les había costado la vida a dos menores. En el 1968, vecinos del barrio West Harlem de la Ciudad de Nueva York lideraron su lucha en vano contra la instalación de una planta de tratamiento y depuración de aguas negras en medio de su comunidad. Pero no fue hasta lo acontecido en el Condado de Warren que una manifestación ambiental llevada a cabo por un segmento no blanco de la población logró captar la atención del público en general a nivel nacional.

La realidad del racismo ambiental

Desde el punto de vista de activistas involucrados en la lucha por los derechos civiles, los acontecimientos en el Condado de Warren no fueron más que una clara extensión de la discriminación por parte del gobierno presenciada a lo largo de sus vidas. Que el gobierno estatal de Carolina del Norte obligara a una comunidad pequeña y afroamericana a alojar un vertedero tóxico fue una muestra más del mismo abuso de poder que por décadas había permitido el racismo habitual en asuntos de vivienda, educación y trabajo. Pero esta vez, el racismo era ambiental.

Las protestas en Afton dieron fuerza a una nueva facción dentro del movimiento de derechos civiles; el ambiente fue considerado otro frente de batalla en el ámbito de la lucha por la justicia. Muchos de los primeros líderes del movimiento por la justicia ambiental fueron antes miembros del movimiento por los derechos civiles. Trajeron consigo las mismas tácticas utilizadas en la lucha por los derechos civiles: marchas, peticiones, eventos de campaña y solidaridad con la causa, desarrollo de coaliciones, y el uso de la educación, la litigación y la acción directa pacífica para alentar y dar fuerza a las comunidades. Se presentaron en Afton un sinnúmero de veteranos del movimiento por los derechos civiles –líderes que frecuentemente tenían afiliaciones con iglesias negras y cuya presencia sirvió para atraer la atención de los medios nacionales. Entre ellos, el Reverendo Ben Chavis y el Reverendo Joseph Lowery, en aquel entonces miembros de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, y el Reverendo Leon White, de la Comisión para la Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo.

Tras los acontecimientos en Afton, hubo un cambio de perspectiva por parte de activistas ambientales alrededor del país, quienes por primera vez detectaron un patrón: con gran frecuencia, las instalaciones que producían contaminantes se encontraban situadas en comunidades pobres y no blancas. A nadie le agrada tener una fábrica, ni un vertedero, ni un almacén y taller de autobuses de diésel al lado del hogar. Pero aquellos con altos cargos en la toma de decisiones corporativas, las agencias reguladoras y las juntas de planificación y desarrollo se habían dado cuenta muy sagazmente que situar dichas instalaciones en comunidades de bajos ingresos hispanas o negras era mucho más fácil que tratar de situarlas en comunidades principalmente blancas de clase media a clase alta. Las comunidades pobres y las comunidades no blancas, solían no contar con un vínculo que velara por sus intereses en la toma de decisión de juntas de zonificación o consejos municipales. Con frecuencia no podían darse el lujo de contratar expertos técnicos y legales para oponerse a una ubicación; no tenían acceso a información sobre el impacto a la salud que acarrearía la contaminación producida por la instalación; y, en el caso de las comunidades hispanas, mucha información crítica estaba disponible únicamente en inglés, dejando a un lado a vecinos potencialmente afectados que hablasen sólo español.

Varios estudios publicados en la década de los 80 y a principios de los 90 legitimaron las acusaciones de racismo ambiental. Walter Fauntroy, Delegado al Congreso por el Distrito de Colombia y en aquel entonces presidente de la Junta Afroamericana del Congreso (Congressional Black Caucus), tomó parte en las manifestaciones en Afton. Al regresar a Washington, le encomendó a la entonces Gerneral Accounting Office del Congreso y actual Government Accountability Office (la institución suprema de investigación, auditoría y evaluación para el gobierno de EE. UU.), que determinara si las comunidades no blancas se estaban viendo afectadas desproporcionalmente por el impacto que conlleva el desarrollo y alojamiento de vertederos tóxicos dentro de las mismas. La institución gubernamental halló en un estudio publicado en el 1983 que tres cuartos de las sedes de vertederos dañinos para la salud dentro de ocho estados en la región sureste de EE. UU. se encontraban situadas en comunidades principalmente pobres, negras e hispanas.

Aun más evidencia de racismo ambiental salió a relucir gracias a los esfuerzos de la Comisión para la Justicia Racial (CRJ, por sus siglas en ingés) de la Iglesia Unida de Cristo, bajo la tutela del Reverendo Benjamin Chavis, tras su participación en las protestas de Afton. Con Chavis como director, la CRJ publicó un informe en el 1987 titulado Toxic Wastes and Race in the United States, que se convirtió en un elemento indispensable en la adquisición de apoyo para medidas a favor de la justicia social. El informe, publicado por el Director de Investigaciones de la Iglesia Unida de Cristo, Charles Lee, declaró que el factor raza era el principal factor definitivo en la selección de asentamiento para instalaciones de desechos tóxicos en Estados Unidos. Concluyó además que, dada la magnitud del vínculo estadístico entre raza y la presencia de depósitos de desechos tóxicos, la localización de dichas instalaciones en comunidades no blancas no era obra del azar, sino el resultado intencional de políticas municipales, estatales y federales para el uso de terrenos. Posteriormente, en el 1990, el sociólogo Robert Bullard publicó en su libro Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality un recuento de las vicisitudes enfrentadas por varias comunidades afroamericanas en el ámbito de la justicia ambiental. Las historias recopiladas en el mismo recalcaron la importancia del factor raza en la localización de instalaciones tóxicas indeseadas.

Búsqueda de aliados

Para el año 1990, el movimiento de justicia ambiental en desarrollo comenzó a buscar aliados dentro de organizaciones ambientales tradicionales, las cuales eran primordialmente blancas. Dichas organizaciones se habían dedicado históricamente a salvaguardar la naturaleza, proteger especies en peligro, y velar por la calidad del aire y el agua. Sin embargo, no habían sido partícipes de la lucha ambiental enfrentada por comunidades no blancas, cuya historia era una de constante amenaza debido a la presencia de vertederos de desechos peligrosos, estaciones de transferencia de residuos, incineradores, vertederos de basura, estaciones y talleres de autobuses de diésel y camiones, talleres de automóviles, operaciones con chimeneas, centrales industriales de procesamiento avícola y porcino, refinerías petroleras, productores químicos y zonas de almacenamiento de desechos radioactivos. Ese año, varios líderes del movimiento de justicia social firmaron una carta pública ampliamente difundida, dirigida a los 10 principales grupos ambientalistas de la nación, conocidos como los “Big 10”, y acusándolos de prejuicio racial en el desarrollo de políticas, en la contratación de empleados y en la composición étnica de sus juntas de directores; entre ellos, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales. La carta además retaba a dichas compañías a abordar el problema de contaminación tóxica en comunidades y áreas de trabajo de los sectores poblacionales no blancos y pobres. Consecuentemente, ciertas organizaciones ambientales convencionales desarrollaron por primera vez iniciativas para lidiar con asuntos de justicia ambiental, contrataron empleados no blancos y se comprometieron a tomar el factor de justicia ambiental en cuenta en la creación de políticas.

Los líderes del movimiento de justicia ambiental también lograron hacer estragos en el gobierno. En el 1990, un grupo de académicos prominentes y proponentes del movimiento enviaron cartas a Louis Sullivan y William Reilly, altos funcionarios de la administración de Bush, para reportar sus hallazgos sobre el impacto desproporcionado a raíz de instalaciones ambientalmente dañinas. Mediante las misivas se solicitaron reuniones para discutir la necesidad crasa de involucramiento gubernamental. Sullivan, quien es afroamericano, hizo caso omiso a la carta. Reilly aceptó la oferta y procedió a reunirse con el grupo posteriormente ese mismo año – el encuentro dio paso a la creación de la Oficina de Equidad Ambiental, bajo la EPA.

El vigor del movimiento se hizo evidente cuando en el 1991 se celebró la Primera Cumbre Nacional de Ciudadanos de Color en el Liderazgo Ambiental durante tres días en Washington, D.C. La Cumbre contó con la presencia de cientos de líderes de la justicia ambiental procedentes de Estados Unidos, Canadá, América Central y las Islas Marshall, entre otros, quienes por primera vez en la historia se reunieron para planificar estratégicamente y crear una comunidad. La lista de personalidades que hicieron acto de presencia, que incluyó al Reverendo Jesse Jackson, Dolores Huerta, la presidenta tribal de los cheroquis, Wilma Mankiller, los jefes principales del NRDC y el Club Sierra, dejó claro que el movimiento de justicia ambiental estaba cobrando auge en la opinión pública estadounidense. Además, dos documentos ahora considerados pilares fundamentales del movimiento de justicia ambiental son producto de dicha cumbre inicial: “Los principios de la justicia ambiental” y “Un llamado a la toma de medidas”.

Reconocimiento a nivel nacional

Para el año 1992, cuando Bill Clinton salió electo, se hizo evidente que el asunto de la justicia ambiental era un asunto de peso para los líderes de un núcleo del electorado demócrata. Dos líderes del movimiento, el Reverendo Benjamin Chavis y el Dr. Robert Bullard, fueron nombrados por Clinton a formar parte del equipo de transición a cargo de los recursos naturales, mediante el cual ayudaron a forjar una política ambiental arraigada en la justicia ambiental, tal y como Clinton había dictado.

Durante la administración de Clinton, el gobierno federal por fin adoptó la justicia ambiental como política. Líderes del movimiento, incluyendo al entonces director de justicia ambiental del NRDC, Vernice Miller-Travis, hicieron el recorrido desde cada rincón del país para darse cita en el Despacho Oval cuando el Presidente Clinton, el 11 de febrero de 1994, firmó la Orden Ejecutiva 12898. El decreto presidencial, revolucionario en aquel entonces, ordenaba a agencias federales a que identificaran las instancias en que sus propias políticas o programas suponían un efecto altamente nocivo para la salud o el ambiente desproporcionalmente en comunidades de bajos ingresos o comunidades no blancas. Asimismo, la orden les exigía a las agencias federales que encontraran formas para evitar la discriminación por raza, color de piel o procedencia nacional en todo programa ambiental o de salud que recibiese fondos federales.

La actualidad y el porvenir

Han pasado 20 años desde que los camiones se presentaron en Afton, Carolina del Norte, y con el transcurso del tiempo se han formado un sinnúmero de organizaciones locales para la justicia ambiental. Al día de hoy, muchos de estos grupos se han convertido en presencias permanentes y poderosas en sus comunidades, velando por la protección ambiental y el progreso social:

  • Concerned Citizens of South Central (Los Ángeles), la corporación de vivienda y desarrollo comunitario que ayudó a liderar la batalla contra el notorio incinerador ANSWERS a finales de los 80, al día de hoy proporciona liderazgo en asuntos ambientales y una gran gama de asuntos referentes a la justicia social.
  • WE ACT fue fundada en el 1988, con el fin de luchar contra el asentamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales en la parte del Río Hudson conocida como el North River. Desde entonces, ha encabezado la resistencia contra otro sinnúmero de problemas ambientales tanto en la Ciudad de Nueva York como en el Estado.
  • A través del proyecto Louisiana Avatar coordinado por el Centro para la Justicia Ambiental del Deep South, distritos rurales en lo que se le conoce como el Callejón del Cáncer han logrado hacer grandes adelantos en los ámbitos de la difusión, investigación e intervención en cientos de medidas ambientales para proteger a las comunidades de más deterioro y nuevos daños.
  • Mothers of East L.A. (MELA), fue inicialmente un esfuerzo organizado para frenar la localización de una prisión en la comunidad de East Lost Angeles. Posteriormente concentró sus esfuerzos en la oposición a un incinerador de desechos peligrosos y más recientemente se ha dedicado atender una variedad de asuntos ambientales y sociales en la comunidad.

Muchos grupos históricamente ambientales han formado alianzas para apoyar a organizaciones de justicia ambiental en sus luchas. Grupos tales como el NRDC con frecuencia proporcionan asesoría técnica y recursos a dichas organizaciones, además de suplir peritos para testificar en vistas y formar parte de litigaciones. Dichas alianzas han resultado ser extremadamente exitosas en muchas partes del país.

La justicia ambiental continúa siendo un componente esencial en la lucha por mejorar y conservar un medio ambiente limpio, sano y saludable, especialmente para aquellos a quienes tradicionalmente les ha tocado vivir, trabajar y jugar en las áreas más cercanas a fuentes de contaminación.

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