El movimiento por la justicia ambiental

El movimiento por la justicia ambiental, impulsado principalmente por personas negras, latinas, asiático-americanas, de las islas del Pacífico y pueblos indígenas, surgió a raíz de un dato estadístico: quienes viven, trabajan y disfrutan de su tiempo libre en los entornos más contaminados de Estados Unidos suelen ser personas de color y personas que viven en la pobreza. Gracias a los defensores de la justicia ambiental, ahora sabemos que esto se denomina racismo ambiental, y es precisamente contra lo que las comunidades de color llevan luchando durante décadas.

¿Qué es la justicia ambiental?

La justicia ambiental significa esencialmente que todas las personas, independientemente de su raza, color, nacionalidad o ingresos, tienen derecho a la misma protección y beneficios ambientales, así como a una participación significativa en las políticas que dan forma a sus comunidades. Sin embargo, rara vez ha sido esta la realidad para las personas de color y aquellas con bajos ingresos. Esto se debe a que prácticamente toda la injusticia medioambiental está determinada por los mismos patrones de racismo y desigualdad que han existido en los Estados Unidos desde su fundación y que siguen influyendo en todas las facetas de nuestra sociedad, desde la educación hasta la vivienda y la asistencia médica.

Por ejemplo, hasta la fecha, las comunidades mayormente blancas y ricas son aquellas en las que es más probable que se realicen inversiones en infraestructura, que se apliquen adecuadamente las leyes medioambientales y que se exija responsabilidades a los contaminadores o se les mantenga alejados por completo. En comparación, las comunidades más marginadas son tratadas habitualmente como zonas en las que se pueden construir autopistas, almacenar residuos, concentrar almacenes e instalaciones industriales y explotar o destruir fácilmente los recursos naturales.

Peor aún, las comunidades más afectadas suelen sufrir múltiples amenazas medioambientales a la vez. Un solo residente puede beber agua del grifo contaminada con plomo e ir a la escuela cerca de una central eléctrica de carbón que produce hollín. Cuando estas amenazas se acumulan y se ven agravadas por otras vulnerabilidades sociales y económicas, los residentes se enfrentan a riesgos para la salud aún mayores. Por eso, el movimiento por la justicia medioambiental lleva mucho tiempo trabajando para cambiar estos patrones injustos.

Las protestas en el condado de Warren sentaron las bases de un movimiento nacional

La historia de cómo el movimiento por la justicia ambiental, a escala nacional, se remonta al condado de Warren, Carolina del Norte. A finales de la década de 1970, el gobierno estatal decidió almacenar 6.000 camiones de tierra contaminada con PCB tóxicos en el condado de Warren, una zona rural, empobrecida y predominantemente negra. Esta decisión rápidamente atrajo la atención nacional.

Los residentes estaban furiosos porque los funcionarios estatales desestimaron las preocupaciones sobre la filtración de PCB en los suministros de agua potable. Muchos veteranos del Movimiento por los Derechos Civiles—a menudo afiliados a iglesias negras— compartieron sus sentimientos y se presentaron. Entre ellos se encontraban el Dr. Benjamin F. Chavis Jr. y el reverendo Joseph Lowery, entonces miembros de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, y el reverendo Leon White, de la Comisión para la Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo. Los camiones de basura llegaron al condado de Warren a mediados de septiembre de 1982, con destino a un vertedero de residuos peligrosos recién construido en la pequeña comunidad de Afton. Pero los mismos residentes frustrados y sus aliados detuvieron los camiones sentándose en las carreteras que conducían al vertedero. Siguieron seis semanas de marchas y protestas callejeras no violentas, y más de 500 personas fueron detenidas–-las primeras detenciones en la historia de Estados Unidos por la ubicación de un vertedero.

Otras comunidades de color se habían organizado para oponerse a las amenazas medioambientales antes que el condado de Warren. A principios de la década de 1960, los trabajadores agrícolas latinos organizados por César Chávez lucharon por los derechos laborales. En 1967, los estudiantes negros salieron a las calles de Houston para oponerse a un vertedero municipal en su comunidad que se había cobrado la vida de dos niños. En 1968, los residentes de West Harlem, en la ciudad de Nueva York, lucharon sin éxito contra la ubicación de una planta de tratamiento de aguas residuales en su comunidad. Pero las protestas del condado de Warren y los desafíos legales que las acompañaron son considerados por muchos como el primer hito importante en el movimiento nacional por la justicia ambiental.

Los habitantes del condado de Warren acabaron perdiendo la batalla y los residuos tóxicos se depositaron en ese vertedero. Pero su historia, la de unos residentes comunes impulsados a proteger sus hogares de un ataque tóxico, despertó la imaginación de muchas personas en todo el país que habían vivido injusticias similares. Estos acontecimientos incluso inspiraron una nueva facción dentro del movimiento por los derechos civiles. De hecho, varios de los primeros líderes de la justicia medioambiental surgieron de ella. Entendieron que el medio ambiente era otro frente en la lucha por la justicia y aportaron muchas de las mismas tácticas, como marchas, peticiones, creación de coaliciones, empoderamiento de la comunidad, litigios y acción directa no violenta.

Los crecientes indicios de racismo medioambiental

Tras el caso Afton, los activistas por la justicia medioambiental, ahora con renovadas energías, observaron un patrón claro. Las empresas, las agencias reguladoras y las juntas locales de planificación y zonificación se centraban sistemáticamente en las comunidades de color con bajos ingresos a la hora de ubicar instalaciones contaminantes como vertederos, estaciones de transferencia de residuos, incineradoras, basureros, garajes de autobuses y camiones diésel, talleres de carrocería, industrias con chimeneas, procesadoras industriales de cerdos y pollos, refinerías de petróleo, fabricantes de productos químicos y áreas de almacenamiento de residuos radiactivos.

Los activistas también encontraron algunos factores comunes entre las comunidades más afectadas. Por ejemplo, estas comunidades solían tener valores inmobiliarios más bajos debido a una larga historia de zonificación discriminatoria. A menudo carecían de conexiones con los responsables de la toma de decisiones en las juntas de zonificación o los ayuntamientos que pudieran proteger sus intereses. Por lo general, no podían permitirse contratar los servicios técnicos y jurídicos necesarios para luchar contra la ubicación de estas instalaciones. Además, las empresas contaminantes les ocultaban intencionadamente información sobre cómo la contaminación podría afectar a su salud, algo que se agravaba en las comunidades que no hablaban inglés.

Varios estudios realizados a finales de los años 80 y principios de los 90 dieron nueva credibilidad a estos relatos de racismo medioambiental. Walter Fauntroy, delegado del Congreso del Distrito de Columbia y entonces presidente del Caucus Negro del Congreso, participó en las protestas del condado de Warren. Cuando regresó a Washington, encargó a la Oficina General de Contabilidad del Congreso (ahora Oficina de Responsabilidad Gubernamental o GAO) que determinara si las comunidades de color sufrían impactos negativos desproporcionados por la ubicación y construcción de vertederos de residuos peligrosos en su territorio. Ese estudio de la GAO se publicó en 1983 y reveló que tres cuartas partes de los vertederos de residuos peligrosos en ocho estados del sureste estaban ubicados principalmente en comunidades de bajos ingresos, negras y latinas.

Pronto surgieron más pruebas del racismo medioambiental generalizado. En 1987, la Comisión para la Justicia Racial (CRJ) de la Iglesia Unida de Cristo, bajo la dirección del director ejecutivo Chavis, que había estado en Afton, publicó el histórico informe Residuos tóxicos y la raza en los Estados Unidos (Toxic Wastes and Race in the United States). Investigado por Charles Lee, director del Proyecto Especial sobre Injusticia Tóxica de la CRJ, el informe demostró que la raza era el factor más importante a la hora de determinar la ubicación de las instalaciones de residuos tóxicos en Estados Unidos. También reveló que la ubicación de estas instalaciones era el resultado intencional de las políticas locales, estatales y federales de la utilizacion del suelo. Ademas, en 1990, el sociólogo Dr. Robert Bullard publicó lo que se considera el primer libro general sobre injusticia medioambiental, Vertidos en Dixie: raza, clase y calidad medioambiental (Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality ), que subrayaba la importancia de la raza como factor en la ubicación de instalaciones no deseadas que producen sustancias químicas tóxicas.

El impulso para promover la agenda de justicia ambiental a nivel nacional

En 1990, los líderes del creciente movimiento de justicia ambiental, que se habían basado principalmente en la creación de coaliciones y el empoderamiento de la comunidad, comenzaron a buscar aliados entre las organizaciones ambientales tradicionales, principalmente blancas y con más recursos. Se trataba de grupos que llevaban mucho tiempo luchando por proteger la naturaleza, las especies en peligro de extinción, el aire limpio y el agua limpia. Sin embargo, habían tenido poca o ninguna participación en las luchas medioambientales de las personas de color. Ese año, varios líderes de la justicia medioambiental firmaron una carta ampliamente difundida dirigida a los “10 grandes” grupos medioambientales, entre ellos el NRDC, en la que les acusaban de sesgo racial en el desarrollo de políticas, la contratación y la composición de sus juntas directivas, y les desafiaban a abordar la contaminación tóxica en las comunidades y los lugares de trabajo de las personas de color y los pobres. Como resultado, algunas organizaciones medioambientales convencionales desarrollaron sus primeras iniciativas de justicia medioambiental, incorporaron a personas de color a su personal y decidieron tener en cuenta la justicia medioambiental a la hora de tomar decisiones políticas. Todo esto sigue siendo un trabajo en progreso.

Los líderes de la justicia medioambiental también impulsaron su agenda dentro del gobierno. En 1990, una reunión entre un grupo de destacados académicos y defensores del movimiento y un alto funcionario de la primera administración Bush dio lugar a la creación del Grupo de Trabajo sobre Equidad Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Al año siguiente, la Primera Cumbre Nacional de Liderazgo Ambiental de las Personas de Color reunió por primera vez en Washington D. C. a cientos de líderes de la justicia ambiental de todo el mundo para establecer contactos y elaborar estrategias. La lista de asistentes, entre los que se encontraban el reverendo Jesse Jackson, Dolores Huerta, la jefa principal cherokee Wilma Mankiller y los directores del NRDC y del Sierra Club, demostró que la justicia medioambiental había empezado a ser asumida por muchos de los medios principales estadounidense. Además, la cumbre dio lugar a los “Principios de justicia medioambiental” y al «Llamamiento a la acción», dos documentos fundamentales del movimiento por la justicia medioambiental.

En 1992, cuando Bill Clinton asumió la presidencia, estaba claro que la justicia ambiental se estaba convirtiendo en algo importante para los líderes de un sector fundamental del Partido Demócrata. Clinton nombró a dos líderes, Chavis y Bullard, para su equipo de transición de recursos naturales, donde ayudaron a que la justicia ambiental se convirtiera en una parte importante de la política ambiental declarada por el presidente. Y luego, el 11 de febrero de 1994, Clinton firmó la Orden Ejecutiva 12898, una orden innovadora que ordenaba a las agencias federales identificar y abordar los efectos adversos desproporcionadamente altos para la salud o el medio ambiente de sus políticas o programas sobre las personas de bajos ingresos y las personas de color. También ordenaba a las agencias federales buscar formas de prevenir la discriminación por raza, color o nacionalidad en cualquier programa financiado con fondos federales relacionado con la salud o el medio ambiente. Lo que comenzó en las calles del condado de Warren había llegado a la Casa Blanca.

El legado y el futuro de la justicia medioambiental

En los aproximadamente 40 años transcurridos desde que los camiones de basura llegaron por primera vez a Afton, se han formado cientos de grupos comunitarios de justicia ambiental, como WE ACT for Environmental Justice, Gulf Coast Center for Law & Poverty, Asian Pacific Environmental Network y Southeast Environmental Task Force. Estos grupos representan fuerzas sólidas y duraderas para la protección del medio ambiente y el cambio social en sus comunidades. Su labor también ha contribuido a garantizar que la justicia medioambiental sea una cuestión central dentro del ecologismo y la política progresista.

Estos grupos también han presionado para que la justicia ambiental se integre más en la política federal. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando la administración Biden aprobó la Iniciativa Justicia40, que destina el 40 por ciento de las inversiones federales en clima y energía limpia a las comunidades desfavorecidas. La iniciativa logró grandes avances en un período de tiempo relativamente corto, validando las necesidades de muchos grupos comunitarios y nivelando el campo de juego de las subvenciones para ayudarles a acceder mejor a la financiación para el trabajo crítico en sus comunidades. Estos logros también motivan a defensores como Matthew Tejada, vicepresidente senior de salud medioambiental del NRDC, que ha trabajado junto a organizaciones de justicia medioambiental, para continuar la lucha.  

Ahora, Tejada y otros se enfrentan a una grave reacción contra los avances que el país ha logrado en materia de clima, equidad y justicia, ya que la administración Trump ha recortado las inversiones federales en justicia ambiental. Las diez oficinas regionales de justicia ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han sido cerradas. Y la agencia está dando cada vez más vía libre a los contaminadores para que continúen con sus actividades habituales, a expensas de la salud pública. Las comunidades de primera línea que comparten sus barrios con industrias contaminantes pagarán el precio más alto por estos retrocesos perjudiciales.

Pero el gobierno federal no ha renunciado a su obligación de intervenir en nombre de las zonas plagadas de contaminación. Y aún queda mucho trabajo por hacer. Numerosas investigaciones siguen demostrando la omnipresencia de la injusticia medioambiental en todos los ámbitos, desde el deficiente sistema de agua potable de Estados Unidos hasta los efectos del cambio climático, como la vulnerabilidad al calor extremo. Incluso ante estos retos continuos, lo que sigue estando claro es lo siguiente: el trabajo del movimiento por la justicia medioambiental ya ha transformado la forma en que muchas personas experimentan el medio ambiente; ha salvado vidas y representa el poder de la acción colectiva sostenida.

Esta historia se publicó originalmente el 22 de agosto de 2023 y se ha actualizado con nueva información y enlaces.

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