El COVID-19 expone la grave explotación de los empleados en las empacadoras de carne

Alfredo Hernández se enfermó el 18 de marzo; empezó con fiebre, nausea, y el tipo de fatiga que te hace sentir como que un camión te ha golpeado. En las semanas siguientes, sus síntomas empeoraron y por recomendación médica y con el apoyo de su esposa, Rosario, se dirigió a la sala de urgencias. Hernández terminó pasando nueve días en el hospital, donde en cierto punto su fiebre se elevó tanto que se tuvieron que utilizar paquetes de hielo para bajarla. Nadie se sorprendió cuando el primero de abril, su prueba de COVID-19 resultó positiva.

Es casi seguro que el hombre de 55 años contrajo el virus en la planta empacadora de carne JBS en Greeley, Colorado, donde ha trabajado como conserje los últimos 31 años. Además de limpiar la muy transitada cafetería, Hernández limpiaba zonas como el baño y los vestuarios de los hombres al comienzo del brote de COVID-19 que terminó enfermando a más de 300 personas y matando a seis trabajadores de la planta. (Un séptimo trabajador de JBS quien trabajaba en las oficinas corporativas de Greeley también falleció).

Han pasado siete meses y Hernández aun no se recupera y todavía requiere oxígeno suplementario. “Él se frustra porque lo único que quiere es regresar al trabajo”, dice Rosario. “Pero todavía se agota y solo quiere dormir. También se deprime porque no hay nada que pueda hacer porque se queda sin aliento. Trata de quitarse el oxígeno, pero su pecho se contrae”.

A pesar de que Hernández le ha sido leal a la compañía por décadas, JBS, la procesadora de carne de res y puerco más grande del mundo, lo ha obstruido durante este calvario, denegándole más de un mes de sueldo (hasta que tomó medidas) y ha rehusado asumir cualquier responsabilidad por su enfermedad o la de sus compañeros. Últimamente, la familia ha estado sobreviviendo con los $750 que Hernández recibe por discapacidad a largo plazo, sin una idea concreta de cuando, o si podrá regresar al trabajo. Con la ayuda del sindicato, han decido tomar acciones legales contra JBS para hacer que la compañía acepte el reclamo de indemnización. “Ojalá que salga bien,” dijo Rosario, “porque las cuentas se acumulan”.

Kim Cordova, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW por sus siglas en inglés) Local 7, el sindicato que representa a los trabajadores de la planta en Greeley, cree que las medidas tomadas por JBS en cuanto a la pandemia llegaron demasiado tarde, no fueron apropiadas, y, sin duda, son negligentes. De acuerdo a Cordova, la planta no comunicó información alguna sobre los riesgos del COVID-19, ni compartió los protocolos a seguir entre sus más o menos 3.000 empleados miembros del sindicado, quienes hablan por lo menos unos 30 idiomas distintos.

JBS también falló en no proveer taba pocas de inmediato o cualquier otro equipo de protección personal a sus empleados, aparte de los guantes y los delantales (mandiles) que ocupan para sus labores, una de las más peligrosas del mundo aun bajo circunstancias normales. Rosario recuerda que su esposo le mencionó que JBS sacó unas botellas de desinfectante para manos y señala que esa fue la única medida inicial contra el coronavirus en la planta de Greeley.

“No solo no les avisaron a los trabajadores sobre el riesgo de una exposición a COVID en sus instalaciones, tampoco siguieron las indicaciones del CDC cuando el COVID empezó”, dice Cordova de los jefes de planta. “Estaban tratando de mantener a los trabajadores a oscuras—querían que los trabajadores siguieran trabajando y trabajando sin darles a conocer el riesgo de una posible exposición en la planta. Se trató de forzar a que los trabajadores se mantuvieran cabizbajos, a ojos cerrados y que continuaran trabajando en una situación verdaderamente peligrosa”.

El 7 de abril, la planta observó la primera muerte por COVID, la de Saul Longoria Sanchez, un veterano de la planta de 78 años quien nunca faltaba al trabajo, mientras otros de sus colegas inundaban el sistema médico de la zona. Miles se reportaron enfermos, forzados a tomar días de descanso sin pago. A pesar de los cientos de casos positivos y llamadas al sindicato y otros para que cerraran la planta para el 10 de abril, JBS tardó hasta el 15 para cerrarla. Reabrió el 24, con algunas nuevas medidas de seguridad, tales como letreros y divisores en las salas de descanso y en el piso de fabricación, pero, cardinalmente, sin pruebas generalizadas de los trabajadores. “No querían que el mundo supiera qué tan contagiada estaba la planta”, dice Cordova. “Todos le mintieron al público y a los trabajadores quienes temían regresar al trabajo”.

“Nuestros funcionarios electos hicieron todo por forzar a los trabajadores a regresar al trabajo sin asegurarles reglas de seguridad verificadas que se pudieran hacer cumplir bajo supervisión. Estos trabajadores han sido tratados como humanos desechables de sacrificio. Es absolutamente inaceptable.” Continúa ella.

Cuatro días después de que JBS reabriera, y mientras COVID-19 infiltraba otras plantas empacadoras como Tyson Foods en Waterloo, Iowa y Smithfield Foods in Sioux Falls, South Dakota—El presidente Trump emitió una orden ejecutiva cuyo propósito era de mantener la producción de carne en marcha, avivando temores de escasez de carne.

“Escuchamos directamente de los altos funcionarios de la planta que mantener el abastecimiento de carne, mucho del cual termina exportándose, es más importante que las vidas de los trabajadores”, comenta Valerie Baron, abogada de NRDC. “Eso tuvo un impacto tremendo. También tuvo un efecto paralizador en los estados que, de lo contrario, hubieran tomado medidas protectoras para sus trabajadores”. Además, una investigación reciente por ProPublica encontró que fue la misma industria de carne, que, por proteger sus ganancias, redactó la orden ejecutiva para mantener sus plantas abiertas.

“No es coincidencia que esta industria tome ventajas de grupos históricamente marginados y de las estructuras políticas racistas y otros poderes”, Baron añade. “Hemos visto esta industria dispuesta de tratar a los trabajadores como algo desechable. Y no podemos ignorar el elemento racial en esta situación”.

Ciertamente, la gran mayoría de los trabajadores en las empacadoras son personas de color, primariamente latinos, y muchos son inmigrantes. “Esto golpea a la comunidad gravemente”, dice Joe Enriquez Henry, vicepresidente y director de la organización sin fines de lucro de asesoría no partidaria y servicio, Forward Latino. “Muchos [de los trabajadores] son de primera generación aquí en los Estados Unidos. Como no tienen a donde ir y tienen que mantener a sus familias, se sienten arrinconados. Estos trabajos son mejores que otros para sostener una familia, pero no deberíamos tener que morir para hacerlos”.

Forward Latino ha hecho un llamado al boicot de la carne para apoyar a los trabajadores y efectuar cambios estructurales en la industria empacadora de carne. Lo que precisa en estos momentos es establecer protocolos que incluyan asegurar el distanciamiento de seis pies (2 metros) entre trabajadores quienes típicamente trabajan parados hombro con hombro y uno frente al otro. El ritmo de línea de producción necesita reducirse al mínimo, dice Henry, y se necesitan hacer pruebas generalizadas del COVID, con los datos reportados al CDC. Las plantas también requieren mejor ventilación.

UFCW Local 7 también exige la implementación de leyes y regulaciones de seguridad ejecutables y verificables por inspectores estatales y federales. Cordova también quiere terminar con la cultura draconiana que obliga a trabajar al enfermo y las reglas de asistencia en plantas como JBS. “Hacemos lo que podemos”, dice ella, “pero las vidas de estos trabajadores no significan nada en los ojos del gobierno que tenemos”.

Henry concuerda: “El racismo ha permitido que los políticos mantengan sus ojos vendados; los ha cegado a los horrores que han estado ocurriendo en estas plantas por décadas”.

Lena Brook, directora de la campaña de alimentos de NRDC, denota que la pandemia de COVID-19 solamente agrava los problemas que han existido por años a nivel de industria. “Mientras JBS siga actuando de mala fe, no estará solo”, dice. “Este es realmente un problema rampante en el sector”. Cuatro compañías (JBS, Tyson, Cargill, y National Beef, conocidos como los Big Four) controlan el 80 por ciento del proceso de la carne en los Estados Unidos, así que el poder está bastante concentrado. “Lo mires por donde lo mires, existe explotación, peligros ambientales y de salud pública, impactos al cambio climático y la acumulación desproporcionada de poder a manos de la industria”, dice Brook. “Este es el tipo de dinámica que presenciamos, y luego le añadimos una pandemia y estamos hablando de un nivel completamente distinto. Existe un patrón por el desdén total por la vida humana. Nuestro apetito insaciable por la carne tiene un precio bastante elevado”.

Cordova ciertamente lo puede ver personalmente en la planta de Greeley: “Entre más rápido trabajas y más animales matan, más ganancias saca JBS. No importa si termina matando a los trabajadores”.

Finalmente, después de que la UFCW Local 7 pasara siete meses implorándole a La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) que investigara la respuesta a los brotes de COVID-19 en la planta de JBS en Greeley, la agencia le impuso una multa de US $15.615 a la compañía el 12 de septiembre. De acuerdo con la OSHA, $15.000 es el límite de la multa permitida por ley. “Es absurdo, y completamente ofensivo. $15.000 no es nada comparado a los $54 mil millones en ganancias”, Cordova dice, notando que OSHA juega un papel similar al zorro cuidando el gallinero. “Eso no frenará a un empleador. De hecho, sirve como estímulo para operar con menos cuidado y seguir poniendo la producción por encima de la gente”.

Como apunta Rosario, $15.000 no cubre ni los gastos de tan solo un funeral. “JBS se ha portado espantosamente”, dice. “Mi esposo al principio tenía miedo de contarle a la gente lo que pasaba. Pero la única manera de que la gente se dé cuenta es si les contamos”.

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